El Defensor del Pueblo decide no recurrir la ley antidesahucios

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha decidido finalmente no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley antidesahucios, tal y como le pedía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). La institución se justifica con el argumento de que ya lo ha hecho el PSOE, y por tanto su intervención «no es necesaria». Explica además que no puede adherirse al texto elaborado por el colectivo porque el Defensor del Pueblo «está obligado a actuar con plena libertad e independencia de criterio». Eso sí, la institución aclara que «seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios».

Soledad Becerril había dejado abierta hasta el último momento -el plazo terminaba ayer- la posibilidad de interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley antidesahucios, que el Partido Popular sacó adelante en solitario. La decisión final se hizo pública después de la reunión que ayer por la mañana mantuvo la Junta de Coordinación de la Institución, y una vez analizada «detenidamente» la petición de la PAH. El Defensor del Pueblo explicó a través de una nota de prensa que «este asunto» ha sido ya sometido al TC «dado que parlamentarios del Grupo Socialista han presentado hoy (por ayer) un recurso contra la citada norma».

«La intervención de la institución -prosigue el comunicado- no es por tanto necesaria para asegurar la garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico». No obstante, la institución considera necesario «reforzar más» la protección de los deudores hipotecarios «para impedir los efectos nocivos que se han producido», en referencia a las ejecuciones hipotecarias que han dejado fuera de sus hogares a miles de ciudadanos. Pese a que la ley antidesahucios contiene elementos «positivos» respecto a la regulación anterior, aún se necesita «establecer un procedimiento de insolvencia de las personas físicas para facilitar pagos más flexibles». Además, aboga por «aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores».

La inhibición del Defensor del Pueblo fue duramente criticada por la PAH, que lamentó «la vergonzosa dejación de funciones» de la institución ante una «ley de la vergüenza que viola derechos fundamentales».

El del PSOE ha sido el único recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley antidesahucios. La portavoz de vivienda del partido, Leire Iglesias, explicó los fundamentos jurídicos del texto entregado en la sede del TC. La formación considera que la ley vulnera 14 artículos de la Constitución, «empezando por su tramitación», y añade que «no ofrece solución al gravísimo problema» de los afectados por desahucios de vivienda habitual.

El PSOE pide su anulación, entre otras razones, por entender que «no garantiza un control judicial exhaustivo» de los procesos de desahucio, ni la «inviolabilidad de la vivienda» recogida en la Constitución.