La reforma laboral evita la destrucción de 225.800 empleos, según el Gobierno

El Gobierno se ha puesto buena nota en su propia evaluación de la reforma laboral que aprobó el año pasado -sin consenso con los agentes sociales ni con los grupos parlamentarios-. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró que la reforma laboral ha evitado la destrucción de 225.800 empleos en su primer año de aplicación. El informe subraya que aunque la recesión se profundizó en 2012 y han desaparecido casi 400.000 asalariados en el sector público, la destrucción de empleo en el sector privado ha sido menor en los últimos doce meses que en los doce meses anteriores.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de ocupados en el año de aplicación de la reforma laboral (desde el segundo trimestre de 2012 hasta el segundo trimestre de 2013) se redujo en 633.000 personas, mientras que en los doce meses anteriores el empleo destruido ascendió a 886.000. Una diferencia de 253.000 ocupados entre un periodo y otro.

Además, el informe del Gobierno establece que la economía española a partir de ahora podrá crear empleo con una tasa de crecimiento del PIB de entre un 1% y un 1,2%, cuando hasta la reforma laboral no se creaba empleo si la economía no crecía por encima del 2%.

Sin embargo, la conclusión de UGT es totalmente divergente. Considera que la reforma ha incrementado el paro (según la EPA, en el último año ha aumentado en 284.000 personas) y ha empeorado las condiciones de trabajo. Queda un tercer análisis por conocer, el de la OCDE, que lo hará público en septiembre. En función de su evaluación, el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a introducir ciertas modificaciones, aunque serán «ajustes técnicos», según la ministra Báñez que ha insistido en que lo fundamental «está hecho».

Pero ya ha introducido algunos ajustes, como clarificar la información que debe facilitar la empresa cuando vaya a proceder a un despido colectivo, pues muchos han sido declarados nulos por los jueces por defectos de forma. Y da preponderancia a la demanda colectiva por delante de la demanda individual.

El Consejo de Ministros también aprobó la colaboración remunerada de las agencias privadas en la colocación de parados -con el rechazo de País Vasco, Andalucía y Cataluña-. Y el nuevo sistema de cotizaciones a tiempo parcial.