Cristina patina con el Ejército

Ha sido todo un revés político para la presidenta argentina Cristina Fernández. El ascenso del jefe del Ejército, César Milani, que ella había propuesto al Senado, no podrá hacerse efectivo. A 20 días de las elecciones primarias en las que el oficialismo espera recibir el aval a sus candidatos, el 'caso Milani' supone un inesperado obstáculo. El general de división -propuesto para ser ascendido a teniente general- estaba siendo blanco de denuncias que lo vinculaban a la represión de la última dictadura (1976-83) y que habían sido ignoradas hasta ahora. Incluso por la misma Cristina, a pesar de estar avaladas por algunos organismos de derechos humanos. Pero en vísperas del debate parlamentario sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas, la presidenta se resignó a retirar los pliegos y aplazar la discusión hasta noviembre, una vez celebradas las elecciones legislativas del 27 de octubre.

En la decisión, celebrada como una victoria por los opositores, fue clave la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización no gubernamental de Derechos Humanos muy cercana al oficialismo, que defiende la política de promoción de juicios contra represores del régimen e intervino ante la existencia de denuncias de distinto signo referidas al general.

En primer lugar, según una versión no desmentida del diario 'La Nación', Milani iba a ser premiado con el ascenso por su labor al frente de la Dirección General de Inteligencia del Ejército. Pero desde su despacho -denunció el periódico hace unos días sin identificar a las fuentes- el jefe del Ejército había ordenado actividades de espionaje sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de la misma agrupación política de Cristina pero a la vez un fuerte competidor que aspira a sucederla.

Sumario por «deserción»

El CELS, que en un principio había dicho no tener objeciones para el ascenso de Milani, cambió de posición ante denuncias y documentos que no habían sido recogidos por la Justicia, pero que aún deben ser investigadas. Fue «un error», reconoció el CELS, considerar las decisiones judiciales como único antecedente de probidad. Justo cuando el Senado iba a comenzar el debate, el organismo hizo llegar su informe, en el que se aseguraba además que existe un sumario instruido por Milani en 1976 en el que acusa de «deserción» a un soldado que aún permanece desaparecido. Durante la dictadura las 'deserciones' eran un eufemismo para justificar la desaparición de soldados perseguidos por su participación política.

El CELS también aportó un testimonio de 1984 en el que un exdetenido acusaba a Milani de participar en un allanamiento que derivó en la detención de su padre, luego torturado. Todos estos hechos ocurrieron en la provincia de La Rioja, donde el jefe del Ejército era entonces un joven subteniente. En un último intento por desligarse de las acusaciones, Milani, que se puso la semana pasada a disposición de la Justicia de esa provincia, aseguró que firmaba junto a otros tres subtenientes los expedientes de deserción que les tocaban por azar. Pero era tarde. La presidenta -que no le restó apoyo- optó por suspender su ascenso. Y ahora, crecen las peticiones para que Milani sea destituido al frente del Ejército.