Todos los desahucios paralizados quedan en el aire tras suspender el TC el decreto de la Junta

Tres meses justos de vida ha tenido, por ahora, el decreto sobre uso social de la vivienda, el llamado 'decreto antidesahucios' andaluz, que entró en vigor el 12 de abril y que el Tribunal Constitucional suspendió ayer cautelarmente, tras aceptar un recurso del Gobierno. La Abogacía del Estado apela al artículo 161.2 de la Carta Magna, lo que implica la suspensión cautelar por un plazo máximo de cinco meses.

De este modo, todos los procesos en marcha en virtud de la norma han quedado paralizados, tanto las expropiaciones de uso de los pisos como la inspección del parque público de viviendas o las posibles sanciones a inmobiliarias y bancos que no tengan sus activos en alquiler.

Las doce familias que hasta ahora se habían beneficiado del decreto y lograron sortear el desahucio con la expropiación de sus viviendas, por cumplir los requisitos de la norma, vuelven a estar en la casilla de salida. Como los expedientes solo han sido iniciados, su tramitación se detiene, por lo que pueden volver a quedarse sin sus casas. Portavoces de estas familias confesaron ayer vivir «muy angustiadas» esta nueva incertidumbre.

Fuentes de la Consejería de Fomento confían en que los jueces sean sensibles y no ejecuten los lanzamientos, en espera de que transcurra el plazo o de que se pueda poner en marcha un «Plan B» para evitar que se consumen.

El recurso defrauda las expectativas de otras muchas familias que tramitaban en las oficinas de las ocho provincias la expropiación de uso de sus viviendas, en espera de examinarse si cumplían los requisitos.

El TC dio traslado de la demanda del Ejecutivo al Congreso y al Senado, al Gobierno y al Parlamento andaluces, que en el plazo de quince días podrán personarse y presentar alegaciones.

La entrada en vigor de la suspensión se establece desde el día que se interpuso el recurso, el pasado 9 de julio, aunque «para terceros», dice la providencia, se considerará efectiva desde la publicación en el BOE.

El recurso no será debatido en el pleno del Congreso, ante la negativa del PP, pero sí en la Cámara andaluza, que aprobó ayer la comparecencia de la consejera.

Concentraciones

La contestación al recurso fue ayer inmediata. Izquierda Unida ha convocado concentraciones de protesta este mediodía delante de las subdelegaciones del Gobierno en las ocho capitales.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán dijo que el recurso «es un disparate. Hay que pensar más en las familias que van a perder la vivienda que un hipotético daño al sector financiero» que, dijo «no es mucho teniendo en cuenta que los españoles hemos puesto 41.000 millones para salvar a la Banca». Aunque parte de la premisa de que el Gobierno del PP actúa de buena fe, manifestó, cree «chocante» que «primero dijera que iba a recurrir, luego que no iba a recurrir» o que el decreto se aprobara en el Parlamento andaluz «sin el voto en contra» del PP de Andalucía.

El vicepresidente Valderas calificó de «indecencia política» la decisión gubernamental, mientras la consejera Elena Cortés, que regresaba de explicar el decreto en Bruselas, dijo a la agencia Europa Press que la suspensión ha sido «forzada por las bravas por el PP» y refuerza «la posición de privilegio de las entidades financieras».

Por parte del PP-A, su vicesecretaria de Territorio y portavoz de Vivienda en el Parlamento, Alicia Martínez, defendió la interposicion del recurso por parte del Gobierno, a pesar de que hasta ahora el partido no se había mostrado a favor de esta actuación y afirmó que «el PP defiende el diálogo pero la consejera prefiere que se suspenda el decreto para así poder hacer propaganda».

La diputada popular acusó a la consejera de «utilizar el dolor de las familias» en una «estrategia de confrontación».

Las organizaciones de consumidores Facua -Consumidores en Acción y UCE-A hablaron de «sadismo» y de que se priorizan «una vez más» los intereses de la Banca.