Los ministros José Manuel Soria y Cristóbal Montoro, durante un acto del Banco de España. :: REUTERS
Economia

Soria y Montoro vuelven a chocar por la reforma energética

El ministro de Industria anuncia un acuerdo para que los Presupuestos asuman parte del déficit eléctrico y Hacienda lo desmiente

MADRID. Actualizado: Guardar
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Las fricciones entre José Manuel Soria y Cristóbal Montoro quedaron ayer nuevamente de manifiesto. El ministro de Industria, Energía y Turismo anunciaba a primera hora de la mañana -en declaraciones a Onda Cero- que había llegado a un acuerdo con el departamento de Hacienda para que los Presupuestos Generales del Estado de 2014 asumieran parte de la deuda tarifaria -la diferencia entre los costes regulados del sistema y los ingresos- que aún queda por cubrir, unos 4.000 millones. Poco después, fuentes del ministerio que dirige Montoro desmentían con total rotundidad la existencia de ningún acuerdo.

Hacienda -que ayer mismo aprobaba el techo de gasto que servirá de base para elaborar los presupuestos del próximo ejercicio- ya concedió este año un crédito extraordinario de 2.200 millones destinado, fundamentalmente, a financiar las primas a la generación de electricidad por parte de las energías del régimen especial (renovables, sobre todo, y de cogeneración).

La intención de Industria es que las cuentas públicas asuman también -ya sea de forma permanente o coyuntural- otra serie de partidas derivadas de la tarifa energética. Por ejemplo, los costes extrapeninsulares -que ayudan a garantizar el suministro eléctrico a las islas y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla-, que el pasado año rondaron los 1.900 millones. O la interrumpibilidad, una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencias. Una partida que también entra dentro de los costes regulados, y que supone alrededor de 700 millones de euros anuales.

Aunque el fondo del asunto es decidir si esos costes los asumen los usuarios o los contribuyentes -los mismos, al fin y al cabo-, la cuestión no es baladí: está previsto que mañana se dé luz verde a la esperada reforma energética, tras muchos meses de dilaciones. Después de que ayer las propuestas de la reforma pasaran el filtro de la Subcomisión de Secretarios, hoy le toca el turno a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde están presentes todos los ministros del área económica (entre ellos, por supuesto, los citados Montoro y Soria). Ese es precisamente el escenario en el que se deberá llegar a un acuerdo. De lo contrario, la reforma podría sumar un nuevo retraso.

El último desencuentro

El de esta semana es el último desencuentro entre dos ministros que nunca han mantenido una buena sintonía. Hace casi un año, Montoro presumía de haber frenado las primeras medidas fiscales destinadas a contener la galopante deuda tarifaria, concretadas luego en el Real Decreto Ley 15/2012. El titular de Hacienda aseguraba, en una entrevista concedida a la agencia Bloomberg, que España tenía «muchos problemas más grandes que afrontar como país y como Gobierno. Esto no va a ser decisivo para resolver la financiación de la economía española». Y añadía que, «hasta que yo lo decida, no irá adelante, lo anuncie quien lo anuncie», en referencia a las nuevas tasas que preparaba Soria para el sector. Este respondió entonces -en plena rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros- que las competencias «están muy bien delimitadas» y que «cualquier tipo de propuesta o medida en materia de reforma energética corresponde, como no puede ser de otra manera, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sin perjuicio de que hay otros departamentos, fundamentalmente los de contenido económico, que lógicamente tienen que opinar».

Los desencuentros entre ambos ministros fueron aprovechados incluso por los partidos de la oposición para pedir su comparecencia en el Congreso a fin de dar las oportunas explicaciones. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tuvo que salir a la palestra para quitar hierro a las disensiones internas entre miembros del Ejecutivo, que consideró «lógicas» pese a la imagen de división.