Varias cadenas de distribuición en una zona destinada a grandes superficies. :: SUR
ANDALUCÍA

IU insiste al PSOE sobre el impuesto de grandes superficies para este año

La formación izquierdista condicionará su respaldo a la ley contra el fraude fiscal y social que ultima Hacienda a que se le dé curso a la tasa anunciada por el consejero de Turismo

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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PSOE e Izquierda Unida retomarán la negociación después del debate de la Comunidad - este jueves y miércoles- para la aprobación de un paquete de nuevas medidas fiscales, algunas de corte ecológico, para aplicar el próximo ejercicio 2014, según han confirmado fuentes de ambas formaciones. En este paquete encajaría el impuesto a las grandes superficies anunciado por el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, el pasado octubre. La negociación se encuentra aún en el ámbito político y ha trascendido las dificultades de la misma por las reticencias del socio socialista del bipartito a aprobar nuevos impuestos en estos momentos.

Tanto la consejera de Presidencia, Susana Díaz, que coordina la comisión de enlace PSOE-IU en el Gobierno, como Carmen Martínez Aguayo, titular de Hacienda, departamento que tendría que desarrollar las medidas fiscales, han negado taxativamente que esté sobre sus mesas de trabajo ningún impuesto en estos momentos. «A mí Izquierda Unida no me ha propuesto nada», afirma rotunda Díaz cuando se le ha preguntado por el impuesto a las grandes superficies.

El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, reconoció que sobre la mesa del Ejecutivo está aplicar la tasa a las grandes superficies, pero que no tiene fecha. Vázquez informó que se negocia la fórmula para que el impuesto no cree «inseguridad jurídica». También desveló la línea roja que ha marcado el PSOE en la negociación con Izquierda Unida: «En la hoja de ruta de este Gobierno no está implantar impuestos que graven a las familias o a las personas».

Fuentes de IU han informado, por otra parte, que la aceptación de la tasa sobre las grandes superficies es condicionará el apoyo de esta formación a la ley contra el fraude fiscal y social que prepara la Consejería de Hacienda y que estaba previsto aprobarse antes de las vacaciones.

Izquierda Unida trató sin éxito el pasado año que la tasa a las grandes superficies se incluyera en la ley de Presupuestos de 2013. Luego ha intentado que formara parte de la norma contra el fraude fiscal y social, pero también en este caso el PSOE se ha negado a incluirla.

Tasa ecológica

La formación izquierdista, que achaca las reticencias socialistas a presiones de los empresarios sobre Griñán, no se ha dado por vencido y ha abierto varias posibilidades si no fragua incluirla en la mencionada ley. La primera situarla como una tasa medioambiental dentro de un paquete con otras dos impuestos que graven la contaminación o deterioren el medioambiente. Las grandes superficies están alejadas de los cascos urbanos y los usuarios deben coger el coche. Este sería el argumento para ello. Entre estos impuestos ecológicos estaría el de la caza, algo de lo que el PSOE no quiere ni hablar.

Otra alternativa es la de aprobar el gravamen a las grandes superficies por separado, incluida a ser posible en la ley de Presupuestos de 2014. «La fórmula no está decidida, pero aprobarse se aprobará sí o sí», argumentan en IU.

Rafael Rodríguez ya informó en el Parlamento que este impuesto no supone una carga fiscal para los ciudadanos y que su recaudación se destinaría a financiar el plan de fomento del comercio interior. En Andalucía hay cerca de 400 centros comerciales mayores de 2.500 metros cuadrados. El canon que se establecería según la extensión no se ha dicho, aunque sí que se recaudaría en torno a 20 millones de euros.

El Gobierno de Griñán aprobó hace dos años un paquete de medidas fiscales encaminadas a incrementar los ingresos ante la caída de estos por la crisis y los ajustes y recortes impuestos por la estabilidad presupuestaria.

Entre ellos, varios ecológicos como la tasa a las bolsas de plástico y el de hidrocarburos o céntimo sanitario. También se gravaron las rentas a partir de 60.000 euros, el uso de vehículos de lujo y se impuso una tasa a los bancos, luego anulada por el Gobierno central.