Cospedal y Sáenz de Santamaría, en la reunión de ayer con los líderes provinciales del PP. :: GUILLÉN / EFE
ESPAÑA

«Ha llegado la hora del sacrificio para los políticos»

Sáenz de Santamaría anima a puerta cerrada a los líderes provinciales del PP para que defiendan la reforma de las administraciones

MADRID. Actualizado: Guardar
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La vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría apeló ayer al discurso dramático para defender la reforma de las administraciones públicas, el mayor proyecto político de Mariano Rajoy en esta legislatura. «Ha llegado la hora del sacrificio para los políticos», afirmó en una reunión a puerta cerrada con los presidentes provinciales del PP, a los que encargó que defiendan con uñas y dientes la iniciativa.

La número dos del Ejecutivo es consciente de que la reforma va a encontrar serias resistencias en las comunidades, en el resto de partidos e incluso en las filas del suyo. El adelgazamiento de la administración pública es una demanda ciudadana porque aunque el sector público español no es de los mayores de Europa, en el imaginario social está instalado que es un elefante ineficaz. Pero esta exigencia choca con los intereses de los afectados, siempre renuentes a desprenderse de organismos que son señales de identidad, exponentes del poder o meras agencias de colocación.

En esta disyuntiva, el Ejecutivo optó por los intereses ciudadanos por dos razones, el recorte de la administración supone un ahorro, la vicepresidenta habló de 37.700 millones. La reforma, y es el segundo motivo, juega a favor de la recentralización, una vieja aspiración del PP que Sáenz de Santamaría exteriorizó al presentar el proyecto: «Somos un estado muy descentralizado. Planifiquemos juntos».

La vicepresidenta empleó estos argumentos en la reunión que mantuvo ayer en la sede nacional del PP sin luz ni taquígrafos con los líderes provinciales. Sáenz de Santamaría además proseguirá su ofensiva pedagógica en defensa de la reforma y comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar la iniciativa a los grupos parlamentarios.

Una de las incógnitas por resolver es qué va a hacer el Gobierno si las comunidades no se prestan a colaborar. Sin su concurso la reforma se vería mermada y los elementos coercitivos de que dispone el Ejecutivo solo son aplicables en las comunidades con problemas financieros.

La rebelión autonómica, además, es un escenario probable. En el capítulo dedicado a las duplicidades, la Comisión para Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) defiende que todas se resuelvan a favor de la administración central, menos una, la de los centros de vacunación internacional, que el Gobierno considera que son más eficaces en manos de las autonomías.

Estudio ministerial

Si el análisis se hace por Ministerios, las propuestas van en esa línea. En el de Asuntos Exteriores se propone la agrupación de las 'embajadas' autonómicas en la misión diplomática de España y la integración de las oficinas de cooperación en la Agencia Española de Cooperación. En Justicia, se aboga por el registro único de fundaciones y la disolución de las agencias autonómicas de protección de datos. En Hacienda, se plantea crear un sistema de contratación centralizada estatal.

En el área de Interior, se unificará la legislación para las asociaciones de víctimas del terrorismo, se suprimirán las unidades autonómicas de apoyo ante desastres porque carecen de sentido desde la creación de la Unidad Militar de Emergencias. En Educación, se centralizará la gestión de las becas, la educación a distancia y el deporte universitario y se creará la licencia deportiva única. En Empleo, habrá un portal único de empleo, se eliminarán los observatorios laborales de ámbito territorial, así como los de inmigración, racismo y xenofobia. También se reformará la ley de extranjería para establecer criterios comunes de integración de inmigrantes, y se implantará el permiso único de trabajo.

En Agricultura, se propone que la Agencia Española de Meteorología dé sus servicios a las comunidades para que estas prescindan de sus agencias. La reforma también aboga por unificar todos los centros de estudios de opinión en el CIS y coordinar el trabajo de los institutos de estadística con el INE. En el terreno de la violencia de género la idea es que la Comisión Interministerial de Igualdad asuma todas las políticas contra la violencia machista. Los observatorios de salud confluirán en un único órgano, un proceso similar se llevará a cabo con los de la juventud y de la infancia.