Del sillón de ejecutivo al banquillo de los acusados

Incierto. Ese es el mejor calificativo que describe el futuro del más de un centenar de ejecutivos bancarios, la mayoría ya con el cartel de 'ex' colgado a sus espaldas, imputados en la decena de procesos abiertos en distintos juzgados para depurar las posibles responsabilidades penales que se pudieran derivar de sus años de gestión. Que se cometieron excesos queda claro a la vista de cómo evolucionaron los balances de las entidades que dirigían, donde los beneficios tornaron en números rojos casi de la noche a la mañana. Y la culpa, esta vez, no fue de la crisis.

La clave estriba en distinguir si se trató de errores de gestión o directamente de fraudes, incluso más allá, si hubo lo que en términos jurídicos se conoce como dolo. Es decir, voluntad deliberada de cometer una actuación irregular, presuntamente delictiva, a sabiendas precisamente de ello (de su ilicitud). Complicada labor la de los jueces que instruyen esos casos, dado que no existen muchos precedentes, y menos aún recientes, de procesos contra exbanqueros. El primero de la última etapa democrática fue Juan Palomeras, acusado en 1978 de la quiebra del Banco de Navarra y que llegó a pasar ocho meses en prisión.

Dejando atrás los casos de Banca Catalana (1982) y el grupo bancario de Rumasa (1983), la clase financiera española no volvió a desfilar por los juzgados hasta finales de 1993. El protagonista, un Mario Conde de sobra conocido y responsable de un desfalco de 3.636 millones de euros en el entonces imponente Banesto. También fueron imputados en algún momento de sus carreras todopoderosos como Emilio Botín, aunque sus casos terminaron archivados y no se debieron a decisiones que causaran un agujero a su entidad.

Ni siquiera lo fue tampoco la condena (2011) de Alfredo Sáenz, al que una denuncia falsa para presionar a unos deudores del Español de Crédito le ha dejado fuera de la sucesión en el Santander. Tampoco pueden figurar en la misma lista ni el exgobernador del Banco de España, Mariano Rubio, ni el exsíndico de la Bolsa de Madrid, Manuel de la Concha, defenestrados por sus inversiones bursátiles opacas (Ibercorp).

Lo que tienen ahora entre manos apenas una decena de jueces -la mayoría, en la Audiencia Nacional, que ha mutado de todopoderoso órgano judicial contra el terrorismo a bandera de la lucha contra los desmanes de parte del sector financiero- son, básicamente, delitos societarios, falsedades contables, administraciones desleales y manipulaciones para alterar el precio de las cosas, sin olvidar apropiaciones indebidas (en muchos casos, mediantes sueldos desorbitados y pensiones multimillonarias aprobadas sin luz y casi sin taquígrafos) e incluso estafas. Y la lista de entidades cuyos exdirectivos han sido imputados también es variada, desde Bankia (y varias de sus socias, como Caja Madrid, Bancaja, Caja Segovia...) hasta Banca Cívica (y su impulsora, Caja Navarra), la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), Caixa Penedès, NovaCaixaGalicia, Caja Castilla-La Mancha, Banco de Valencia y Eurobank.

Si hay un lazo común entre casi ellas, aparte de la operativa irregular de quienes debían haber velado por sus balances, es que el Estado -a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)- tuvo que inyectar fondos públicos para evitar su quiebra; hasta 37.800 millones han hecho falta por ahora -aún podría haber alguna sorpresa, según se temen desde la 'troika' (BCE, FMI y Comisión Europea), que podría elevar las cifras del rescate del sector financiero español-, aunque también ha habido aportaciones del sector con el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Bankia, el mayor fiasco

Caso por caso, el de Bankia brilla con luz propia, porque los 22.000 millones que el FROB ha tenido que 'insuflarle' le han situado como el mayor fiasco de la historia financiera española.

Entre sus responsables internos -de fuera se apunta al anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (solo testigo por ahora)- destaca Rodrigo Rato, que de vicepresidente económico loado y director gerente del FMI ha pasado a ser pieza cotizada de una serie de condenas judiciales a exbanqueros que podrían llegar en un par de años.

Claro que eso es un condicional, pues la mayoría de estos casos se encuentran en una fase poco avanzada y el 'archivazo' final todavía sería posible. Ha habido desfile de imputados, e incluso de testigos famosos, pero falta la batalla soterrada, la del cruce de informes periciales claves para este tipo de casos. El procedimiento más avanzado es el de Caixa Penedès, donde la Fiscalía Anticorrupción solicita penas de hasta tres años y medio para cuatro exdirectivos, que ya han tenido que hacer frente a una fianza global de 13,5 millones por los perjuicios que habrían causado a la entidad.

En su caso, el meollo reside en la presunta «autoconcesión» de indemnizaciones millonarias, como pasó con NovaCaixaGalicia, o de dietas y sueldos millonarios, como en Caja Navarra y Caja Castilla-La Mancha. En otros, como Bankia y Banca Cívica, las mayores sospechas se centran en sus respectivas salidas a Bolsa que dejaron colgados a miles de pequeños accionistas. Y, de nuevo, casi todas coinciden en haber concedido una serie de créditos sospechosos, ligados en muchos casos al sector inmobiliario e incluso a políticos. Otro fruto más de los excesos de la burbuja. De momento, solo uno ha entrado en prisión y apenas 24 horas; Miguel Blesa, acusado de causar un quebranto de más de 500 millones de euros a la Caja Madrid que presidía.