La Junta aparta a Casto por su participación en el caso 'Karlos'

Casi dos años después de que la Audiencia Provincial condenara al inspector médico Francisco Casto a nueve años y medio de cárcel por su participación en la famosa operación 'Karlos', la Junta de Andalucía ha acordado separarlo del servicio tanto del funcionario del Cuerpo Superior Facultativo como del Cuerpo de Inspección de Prestaciones Sanitarias de la Junta. El Consejo de Gobierno andaluz tomó ayer esta decisión, a propuesta de la Consejería de Salud y Bienestar Social, dado que durante el juicio se probó que era una pieza clave en la trama que falsificaba informes de incapacidad laboral para el cobro de pensiones y que usó su cargo para conseguirlo. La Junta ha considerado por tanto la actuación de Casto como una infracción de carácter muy grave contra la normativa del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Tras conocerse su presunta implicación, la Junta abrió un expediente sancionador que paralizó en febrero del 2004 al iniciarse la vía judicial en la Audiencia Provincial, un expediente que fue reanudado una vez que la sentencia de este órgano judicial fue confirmada en julio del 2012 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS).

La sanción del Consejo de Gobierno se refiere a los mismos hechos declarados y probados por la sentencia penal, constitutivos de delitos de estafa y falsedad en documento oficial.

De acuerdo con la doctrina del TS, la doble sanción penal y administrativa se justifica porque la condición de funcionario ha sido elemento imprescindible para la relevancia penal de su acción, y no sólo circunstancia agravante (en este último caso no procedería la duplicidad). Tanto en el expediente administrativo como en las sentencias judiciales se constata que el inspector médico sancionado aprovechó su privilegiada situación para influir de forma determinante en el reconocimiento de prestaciones económicas de incapacidad laboral a personas que no reunían los requisitos legales.

En colaboración con otro condenado en la misma causa penal, el por entonces ex jefe de comisaría de Ubrique Carlos Carretero, les ofrecía la obtención segura de una pensión a cambio de grandes sumas de dinero por la gestión fraudulenta de unos expedientes en los que se falseaba la situación médica real de los interesados. Asimismo, incluía informes médicos cuya falsedad conocía por haber instado él mismo su elaboración a terceros acusados que los emitían sin exploración alguna de los pacientes, además de llevar a cabo actividades de asesoramiento a los solicitantes para preparar lo que debían manifestar en sus comparecencias ante los tribunales médicos.

Como consecuencia de estos hechos, muchas personas percibieron indebidamente prestaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz , San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María, ámbito en el que el inspector condenado ejercía su funciones profesionales.