El Gobierno devuelve las cajas de ahorros a los años 80 para despolitizarlas

El Gobierno, a instancias de la 'troika' que aprobó el rescate del sector financiero español (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Básicamente, esta nueva norma, que «respetará las competencias» de las comunidades autónomas -resaltó el Ministerio de Economía- pretende devolver dichas entidades a los años 80 (en 1985 se aprobó la actual regulación del sector, la LORCA) y evitar así su politización.

Así lo destacó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, que fue informado del texto por el ministro de Economía, Luis de Guindos, aunque no llegó a aprobarlo. La pretensión del Ejecutivo es ratificar el proyecto a finales de mes, de cara a su posterior tramitación parlamentaria donde podría haber algunos cambios si el PP acepta las enmiendas de nacionalistas catalanes (CiU) y vascos (PNV), muy interesados en una norma que afectará, sobre todo, a las cajas originarias de sus territorios respectivos. Si no hay retrasos, podría tener la luz verde de Congreso y Senado en septiembre (a más tardar octubre) y entrar en vigor dentro de un año.

«Las cajas nunca tendrían que haber abandonado su labor inicial y originaria», destacó De Guindos para defender una reforma exigida desde Europa -con cuyos dirigentes ha habido un «amplio consenso», añadió- y que tiene tres grandes objetivos: clarificar el papel de las cajas como accionistas de los bancos, reforzar sus normas de buen gobierno corporativo e introducir requisitos de incompatibilidad en unos y otros para evitar abusos de poder. Lo más importante para las entidades afectadas es que «no hay fecha» para que reduzcan posiciones de control en los bancos que han creado, es decir, que ni La Caixa, ni Unicaja, ni Kutxa deberán apresurarse con el cambio.

Precisamente este hecho fue lo más destacado por la patronal de las cajas, la CECA, en su valoración «positiva» del anteproyecto. A su juicio, haber introducido plazos prefijados para dichas ventas -desde Bruselas no se había dado una fecha concreta y podrían haber existido incluso problemas legales- hubiera supuesto, «en las condiciones actuales, abocarles a pérdidas de valor». El motivo es que habrían tenido que malvender sus participaciones bancarias y también su cartera industrial, dado que los compradores potenciales a buen seguro hubieran agotado el plazo para reducir los precios.

Incompatibilidades

Del resto de puntos destaca también la incompatibilidad para que los miembros del patronato de las fundaciones bancarias lo sean al mismo tiempo de sus filiales, de modo que el responsable de la primera no podrá dirigir la segunda, al menos, sobre el papel. En tal caso se encuentra conocidos ejecutivos como Isidro Fainé (La Caixa), Braulio Medel (Unicaja) y Mario Fernández (Kutxa), que habrán de elegir entre una u otra y buscar posibles 'delfines'.

Esa «vuelta a los límites originales» -como la definió el ministro de Hacienda- implica que las cajas habrán de centrarse en el tramo minorista (particulares y pymes) y no exceder en su actuación del ámbito de una comunidad autónoma o bien de 10 provincias limítrofes. En la práctica, solo las cajas de Pollensa (Mallorca) y Ontinyent (Valencia) se verán afectadas por ello.

El resto habrán de transmutar en las citadas fundaciones bancarias, aunque con distintos grados de exigencias según el nivel de control que tengan en su filial (la que lleva la operativa financiera). Así, para aquellas que no tengan más del 10% del capital social bastará con cumplir las condiciones generales -elecciones internas abiertas, exclusión de partidos, patronales y sindicatos, no participar en ampliaciones de capital de sus bancos con el fin de «alcanzar o mantener posiciones de control», etcétera-, si superan el 30% habrán de presentar un plan financiero y de gestión al Banco de España y, si llegan a rebasar el 50%, deberán contar con un fondo de reserva específico «para afrontar posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada».