Otras profanaciones de los sagrados depósitos

Con Chipre, la Eurozona ha cruzado una línea roja al hacer pagar parte del rescate a todos los depositantes. Es una medida excepcional con muy pocos precedentes en la historia. De hecho, de las 147 crisis contabilizadas desde 1970 en la base de datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), únicamente en 17 se vieron afectados los depósitos bancarios y, salvo alguna excepción como el caso de Argentina, no se penalizó a todos los ahorradores de una forma indiscriminada. Son datos de un estudio del banco nipón Nomura, que recuerda cómo en Islandia, por ejemplo, solo se impusieron pérdidas a los extranjeros y se protegió a los autóctonos.

La razón de que los depósitos se consideren casi sagrados radica en que no hay demonio económico más temido que el pánico bancario. Si los ahorradores sienten que su dinero no está seguro en los bancos y lo sacan en masa, el sistema financiero se colapsa y el país quiebra. Por eso uno de los momentos más críticos de la actual crisis fue cuando, tras la caída del norteamericano Lehman Brothers en septiembre de 2008, empezó la fuga de capitales de los países más vulnerables. Uno de los más afectados, Irlanda, garantizó todos los depósitos e inició una alocada carrera por dar seguridad que terminó con un acuerdo europeo para elevar la cobertura a 50.000 euros por cliente, y que posteriormente se dobló hasta 100.000.

Un repaso a algunos de los casos en los que se ha echado mano de los depósitos muestra a las claras la excepcionalidad de la medida impuesta en la isla mediterránea.

Argentina (2001)

Es la madre de todos los 'corralitos' y, de hecho, allí se acuñó ese término tan de actualidad hoy en día debido a Chipre. Fue idea del periodista económico Antonio Laje, que utilizó la imagen de los parques infantiles en los que se deja a los niños pequeños para ilustrar lo que estaba ocurriendo en su país, donde Fernando de la Rúa había decretado el 3 de diciembre de 2001 la congelación de los depósitos. Solo se podían sacar 250 pesos a la semana (el equivalente entonces a 250 dólares). Pero eso no fue todo. Después vino la suspensión de pagos y la devaluación del ahorro por la ruptura de la convertibilidad, que se bautizó como 'corralón'.

Para entender lo que ocurrió en Argentina hay que remontarse a 1991, año en que se estableció que un peso equivalía a un dólar. La rigidez de la convertibilidad fue uno de los factores que condujo al desastre y que hizo que el país dejara de producir, dedicándose a importarlo todo. En 1998 la economía entró en recesión y un año después Fernando de la Rúa llegó al poder con un gasto público descontrolado. El nuevo presidente bajó sueldos y pensiones, lo que empeoró la situación, y en 2001 se inició una masiva fuga de depósitos. Los ricos se llevaron el dinero fuera, sobre todo a Uruguay. En siete meses salió el 21% del capital y quedaron 67.000 millones de dólares. Es la cantidad que quedó encerrada en el 'corralito', el ahorro de millones de trabajadores y de pensionistas.

La calle estalló. La gente, desesperada, asaltaba con palos los supermercados y empezaron a sonar las caceroladas. En la noche del 20 de diciembre se declaró el estado de sitio y las fuerzas de seguridad intervinieron. Hubo 40 muertos. De la Rúa tuvo que escapar en helicóptero de la Casa Rosada. Se abrió un periodo de inestabilidad en el que se sucedieron los presidentes. Uno de ellos, Adolfo Rodríguez Saá -apenas duró una semana-, declaró la suspensión de pagos, celebrada con aplausos. Pero la alegría duró poco. Su sucesor, Eduardo Duhalde, derogó la convertibilidad y decretó la conversión de los depósitos a razón de 1,4 pesos por dólar. Sin embargo, el tipo de cambio real era entonces de 4 pesos, y el ahorro perdió un 70% de su valor.

El 'corralito' y posterior 'corralón' ya tenía un precedente en Argentina: el Plan Bonex. En diciembre de 1989 el presidente Carlos Menem impuso un canje obligatorio de todos los depósitos bancarios (se salvaron las cajas y las cuentas corrientes) por bonos que vencían en 1999. El monto de la emisión ascendió a 3.000 millones de dólares. La medida se adoptó para afrontar una crisis marcada por una hiperinflación del 4.000%.

Islandia (2008)

Islandia es todo un símbolo en esta crisis por un doble motivo: es el único país que se negó a utilizar el dinero de los contribuyentes para salvar a los bancos, y además llevó a políticos y banqueros a los tribunales. En los depósitos, también fue a su aire. Tras el colapso de su banca, protegió los ahorros de los islandeses, aunque se desentendió de los depositantes extranjeros, sobre todo ingleses y holandeses.

Los gobiernos de estos dos países denunciaron a Islandia por trato discriminatorio y por violar la directiva europea sobre garantía de depósitos. En una histórica sentencia del pasado enero, el Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio avaló la decisión de Reikiavik. Su conclusión fue que un país no tiene que cubrir los depósitos cuando el Fondo de Garantía se queda sin recursos. También rechazó que hubiera discriminación porque Islandia salvó a sus ahorradores autóctonos transfiriendo los activos del banco quebrado a otra nueva entidad, sin llegar a recurrir al Fondo de Garantía. Para Nomura, Chipre podría seguir este ejemplo, aunque la Comisión Europea dejó claro que no sentaba jurisprudencia.

Dinamarca (2011)

Es el caso más reciente. Dinamarca intervino en 2011 dos entidades de pequeño tamaño, Amagerbanken y Fjordbank Mors, y aplicó quitas a los acreedores 'senior' (los que tienen deuda de más calidad), incluidos los depositantes. Sin embargo, la medida quedó limitada a esas dos entidades y, además, se respetó la garantía de los depósitos a partir de los 100.000 euros.

Lituania (1995)

También en este caso hubo que rescatar dos entidades y se llegó incluso a canjear los depósitos por acciones del banco. Pero, una vez más, la confiscación no fue generalizada y se respetaron las garantías del país.

México (2008)

El Gobierno estableció una tasa del 2% sobre los depósitos, aunque a partir de los 25.000 pesos.

Italia (1992)

El primer ministro socialista Giuliano Amato impuso una quita del 0,6% a todos los depósitos y cuentas de ahorro como parte de «un plan de medidas urgentes para la consolidación de las finanzas públicas».