La juez reenvía a prisión al exdirector de Trabajo andaluz por el 'caso de los ERE'

La juez que instruye el caso de los supuestos ERE fraudulentos en Andalucía dio ayer un nuevo impulso a la investigación con la detención de una veintena de personas y la práctica de 13 registros en varios puntos del país y la vuelta a prisión de Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, por el riesgo de fuga y la posibilidad de que destruya pruebas. Las pesquisas estarían relacionadas con el pago de comisiones a las consultoras y mediadoras que participaban en la tramitación de las prejubilaciones y los despachos de abogados y empresas «pantalla» que ayudaban a blanquear el dinero.

Apenas unas semanas después de que Alaya se reincorporase a su puesto de trabajo por una baja por enfermedad, cumplió a rajatabla la petición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de acelerar la instrucción. A primera hora de la mañana, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil empezaban la redada con detenciones y registros en Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada, Jaén, Madrid y Barcelona. Entre la veintena de detenidos se encuentran abogados, supuestos testaferros, empresarios, directivos de las consultoras Vitalia y Uniter, e incluso el proveedor de drogas de Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero. En su momento, Trujillo confesó haber recibido ayudas a empresas que no tuvieron actividad y que gastó el dinero en fiestas y estupefacientes.

La operación 'Heracles' se centra en las pesquisas que los agentes habían iniciado el pasado octubre para concretar quiénes eran los destinatarios de las comisiones que pagaba la Junta a las empresas consultoras o mediadoras en las pólizas de prejubilaciones, y cómo ese dinero supuestamente se volvía a reintroducir en el circuito legal a través de empresas pantalla, fundamentalmente de mensajería. Una fórmula ideada, supuestamente, por el exsindicalista y mediador Juan Lanzas, imputado ya en la trama, y que ha sido citado por la juez mañana para esclarecer las jugosas comisiones que pudo cobrar. En esas pesquisas también ocupó un papel primordial un presunto testaferro de Lanzas y administrador de una de las empresas de mensajería que, tras ser detenido, reconoció haber llevado sobres de dinero a las mediadoras o entre locales cercanos a la Consejería de Empleo.

Sorpresa

Respecto a las comisiones, la propia Alaya se sorprendía en un auto de que la Junta pagara comisiones a estas mediadoras muy por encima de la media de mercado, en algunos casos de hasta el 29%. El PP, citando un informe de la Agencia Tributaria, reveló que solo entre 2006 y 2010 Vitalia y Uniter, las principales consultoras que tramitaron las prejubilaciones, se embolsaron más de 34,5 millones. Una cifra que sería aún mayor dado que participaron más entidades y no se habían contabilizado los años previos, ya que la investigación de los ERE se remonta hasta 2001.

Estos cobros, según la Guardia Civil, se producían porque las consultoras conseguían atraer a las aseguradoras, reacias a asumir el cobro a plazos de esas pólizas de prejubilación y que cobraban además compensaciones si el calendario de pagos no se cumplía. Esas comisiones serían conocidas por Javier Guerrero, que tras salir de prisión en octubre al abonar una fianza de 50.000 euros, ayer volvió a ser encarcelado después de declarar ante la juez durante tres horas.

Su defensa no concretó sobre qué aspectos fue interrogado ni los cargos que se le imputan, aunque señaló que Guerrero hizo una ampliación de su declaración del 9 de marzo de 2011 y que los delitos de los que se le acusa ahora no difieren de las anteriores imputaciones por prevaricación, malversación de caudales y cohecho, así como falsedad en documento oficial y un delito de falsedad en documento mercantil.