Por qué el futuro de las pensiones es más difícil en España

El Gobierno de Mariano Rajoy está empecinado en retrasar la edad real de jubilación en España hasta los límites que marca la ley -65 años y un mes este año-, pese a que su media está cómodamente por encima de la europea. Se trata de una obsesión que en parte podría estar justificada por el hecho de que ese abandono del mercado laboral más tardío no se ve compensado por periodos de cotización más largos, lo que ayudaría a construir un sistema de pensiones más sólido y estable. Así, el promedio de afiliación a la Seguridad Social se situaba en España en 34,3 años en 2010 -el último ejercicio con datos homologados de la UE-, un nivel que está ligeramente por debajo del comunitario (34,5 años) y del de la Eurozona (34,4), y muy alejado de países, como Alemania, que sirven de referencia (36,8). ¿Cuál es la explicación de este desajuste respecto a Europa? No cabe otra que la existencia de un nivel de paro históricamente más alto que en el resto de la UE, aunque también influyen otros factores, como la incorporación más tardía al mercado laboral de las mujeres, que con frecuencia alcanzan la edad de jubilación sin haber tenido tiempo de cubrir carreras de cotización largas.

Esta circunstancia, unida al envejecimiento de la población española -un factor muy común en los principales miembros de la Unión-, al hecho de que sus habitantes disfrutan de la mayor esperanza de vida del continente y a las escasas posibilidades de que se consiga a medio plazo un elevado nivel de empleo conforman un cóctel amargo en lo que se refiere a la cobertura de las necesidades sociales de la población de más edad.

Las carreras de cotización de los españoles cuando llega la hora de jubilarse son más cortas que en Europa, pese a retirarse más tarde, porque son irregulares, no porque quieran trabajar menos. Ese factor es fruto de la elevada tasa de paro -casi siempre, la más elevada de la UE- que caracteriza desde los años 80 a la economía nacional y del nivel de temporalidad de los empleos (también el más alto).

Según Eurostat, la Oficina Estadística de la Comisión Europea, que utiliza datos homogéneos para toda UE, el paro en España ha estado desde 1990 entre el 8,3% de promedio anual en 2007 y el 25% del pasado ejercicio. Fue en 2005 y 2006 cuando más cerca estuvo de la media de la Unión, con solo dos décimas por encima (9,2% y 8,5%, respectivamente). Fue un espejismo pasajero. La brecha se amplió a 14,5 puntos el pasado año. En 1995, otro momento de inflexión, era de 10,3.

Algo similar sucede con la tasa de temporalidad, una circunstancia que con frecuencia dificulta la construcción de carreras de cotización regulares y largas. Así, España es, otra vez con gran diferencia, el primer país europeo en este apartado, pese a que la crisis actual se ha cebado con este tipo de ocupaciones y la ha reducido de manera importante, hasta el 25,3% en 2011 -último dato homologable con Europa-, para una media del 14,1% de los Veintisiete. Esa diferencia llegó a estar en casi 20 puntos en los primeros seis años de la década pasada, cuando se alcanzó el 34%. La eventualidad ha caído sobre todo por la masiva destrucción de esa fórmula de empleo que se produjo en 2009 y 2010.

Envejecimiento

Hasta ahora, la conclusión que puede extraerse es que con menos tiempo cotizado el gasto en pensiones puede perfectamente compensarse con una edad de retiro algo más elevada que en Europa, que genera un ahorro en el tiempo en que se percibe la prestación. Pero hay otras circunstancias que entran también en juego: el envejecimiento de la población en general y la esperanza de vida. Ambas actúan en contra de la sostenibilidad de todos los sistemas; en el primer caso, porque hay menos población en edad de trabajar; en el segundo, porque se cobra la pensión durante más años.

Y aunque en envejecimiento hay varios países como Alemania o Italia que van por delante, España es el que tiene la mayor esperanza de vida.

Según las tablas que maneja Eurostat, los ciudadanos españoles morían en 2011 a la edad media de 82,5 años, la esperanza de vida más elevada de Europa, seguida de cerca por Francia, con 82,3 años. Y si se toma esa cifra después de haber cumplido los 65 años, sucede casi exactamente lo mismo, con una supervivencia de 20,7 años, solo superada por los 21,5 de Francia.

¿Qué significa esto? Pues que a más años de vida, más años de cobrar pensión, lo cual debe repercutir de alguna manera en la cuantía de la misma, en los años que se exigen de cotización o en la edad de acceso a la prestación si se quiere conservar la salud del sistema.

¿Quiere decir esto que estamos condenados a ir por detrás de los estándares comunitarios en esta materia? No necesariamente. Y es que hay otros factores que nos alejan de Europa con claridad; pese a todas las desventajas para la cobertura social de la población mayor, lo cierto es que el gasto que el Estado español dedica a este capítulo dista mucho de estar homologado con el de nuestros vecinos, medido en términos de PIB, o sea, de riqueza del país.

Así, de nuevo los datos de Eurostat (hasta 2010) permiten desvelar el tamaño de la grieta que separa a España de otros países. El gasto en pensiones supuso en 2010 el 10,8% del PIB, claramente por debajo de la media europea (13% en los Veintisiete y 13,4% en la Eurozona). Es decir, en números redondos, habría que ampliar en más de 20.000 millones de euros el gasto en prestaciones para equipararnos con Europa, es decir, una subida de las pensiones cercana al 20%. Italia, con el 16% del PIB, es el país que mayor parte de su riqueza nacional destina a este capítulo, y también sobrepasa la media Francia, con el 14,4%.

Tasa de empleo

La conservación de un sistema de pensiones saneado, como puede observarse, depende de numerosos factores. El de los puestos de trabajo existentes que lo sostienen es uno de los más importantes. Aquí la desventaja de España es desmoralizadora. La tasa de empleo entre 15 y 64 años era en 2011 del 57,7%, casi ocho puntos por debajo de la media de la UE, y 15 o más con respecto a Alemania o Dinamarca.

El paro y la ocupación se revelan así como factores determinantes sobre los que se debería actuar para garantizar unas pensiones dignas para el futuro. ¿Pero qué sucede cuando llega una crisis como la actual y no se pueden atajar esos problemas? Pues que en vez de atacar el mal de raíz, algo para lo cual la economía española parece históricamente incapacitada, los gobiernos de turno, obligados por las circunstancias, deciden actuar sobre las ramas enfermas del árbol: poda de la cuantía de las pensiones, retraso de la edad de jubilación y ampliación del número de años cotizados para acceder a una pensión 'completa'.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha anunciado que quiere dar nuevos pasos en esa dirección, penalizando más las jubilaciones anticipadas y dificultando las parciales por contrato de relevo. Así lo anunció a finales del año pasado en sede parlamentaria el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.

El plazo fijado por el Gobierno para adoptar los nuevos ajustes es de tres meses, que se cumplirán al acabar marzo. Su intención era entonces consensuar con los otros partidos fórmulas para retrasar la edad de jubilación anticipada y reducir el gasto que suponen las parciales por contrato de relevo. Además, planteó adoptar medidas que incentiven el mantenimiento en el mercado laboral de los trabajadores después de cumplir la edad legal de retiro.

En el anuncio de sus intenciones obtuvo el rechazo mayoritario de los grupos de la oposición, pero el PP tiene mayoría absoluta en el Congreso y el Senado para sacarlos adelante. No obstante, renunciar al consenso supondría acabar con los muy elevados niveles de acuerdo logrados en las sucesivas reformas del sistema de pensiones desde que se firmó el Pacto de Toledo en 1995.