Navarro: «La falta de recursos está favoreciendo las autoconstrucciones ilegales»

Amante de los animales, sobre todo. Y aunque no se define como ecologista, comulga con algunos de los preceptos de ese movimiento, como el respeto absoluto hacia la flora y la fauna. Por esa razón eligió la especialidad de Medio Ambiente cuando llegó a Cádiz en junio de 2007, procedente de Granada, tras ingresar en la carrera fiscal. Patricia Navarro no ha tenido mucho tiempo para los respiros porque en los tres años siguientes pasó de adjunta al anterior delegado de Medio Ambiente en la Fiscalía de Cádiz, Ángel Núñez, a sustituirle al frente de uno de los departamentos con mayor actividad dentro del Ministerio Fiscal gaditano. En estos días, está ultimando el resumen de la actividad realizada el ejercicio pasado para la elaboración de la memoria. Es tiempo de hacer balance.

-Ahora que está repasando la estadística del año pasado, ¿ha habido alguna novedad respecto al ejercicio anterior en materias como el urbanismo ilegal o los ataques al medio ambiente?

-Realmente 2012 se podría definir como una continuación del anterior. No ha habido grandes diferencias ni en el número de diligencias ni en la tipología delictiva.

-¿Se puede hablar ya de que el fenómeno del urbanismo ilegal, fuertemente combatido desde la Fiscalía de Cádiz, está definitivamente muerto con la ayuda de la crisis que ha hundido el sector?

-Curiosamente lo que se está produciendo es un repunte de las autoconstrucciones. Los ataques al suelo continúan, pero nos estamos encontrando ahora a muchos particulares que ante la falta de acceso a un crédito hipotecario o porque simplemente carecen de recursos para afrontar la compra de una vivienda, recurren a construirla por sus propios medios en algún terreno familiar, abaratando los costes. No son conductas justificables, pero viendo cómo las entidades financieras han cerrado el grifo, es previsible que se produzcan estos efectos.

-Pero estas, ¿pueden tener efectos colaterales ya vistos en anteriores ocasiones, como un aumento del número de accidentes laborales?

-Puede, pero las estadísticas que consulté recientemente con el compañero, delegado de siniestralidad laboral, dicen todo lo contrario. Se está produciendo una disminución en el número de accidentes. Hay que tener en cuenta que este tipo de trabajos tienen cierto matiz de clandestinidad, se construye a espaldas de todo.

-Este aumento podría significar que pese a la intensa actividad de combate contra el urbanismo ilegal, en esta provincia falta aún mucha concienciación.

-La labor que ejerció en su día Ángel Núñez fue esencial para que se tuviera constancia de que el urbanismo ilegal es un problema que te hipoteca el futuro. Hemos conseguido que los jueces y magistrados, poco a poco, vayan aceptando nuestros argumentos a la hora, por ejemplo, de obligar a los condenados a derribar las propiedades que contravienen el ordenamiento urbano. Las demoliciones apenas se ordenaban antes; ahora nos toca pelearnos para que se ejecuten las sentencias acordadas.

-Recientemente se ha ejecutado una demolición en Puerto Real después de dos años sin que actuara la pica, ¿el principal responsable de estas demoras son los ayuntamientos, además de los propietarios?

-Por supuesto. Es cierto que ahora alega la mayoría la dificultad presupuestaria porque para acometer un derribo, debe destinar una partida y hay problemas de liquidez en muchos consistorios. Pero no pueden hacer dejación de su obligación de vigilar que se cumpla el planeamiento urbano en su municipio. El impacto que ha tenido el urbanismo ilegal en esta provincia ha puesto de manifiesto que los ayuntamientos no ejercieron bien esa labor ni antes de que estallara la crisis. Por citar un dato esclarecedor, la orden de demolición pendiente de ejecución más antigua que tenemos aún arrastrando es del año 2006.

-¿La impopularidad de las órdenes de demolición ha pesado para que los gobiernos locales hayan tenido esa actitud tan poco combativa con las viviendas ilegales?

-Por supuesto, pero nadie obliga a nadie a presentarse a alcalde. Además llama la atención cómo un pueblo es capaz de hacer un desembolso importante para costear las fiestas patronales, pero sin embargo hay dificultades presupuestarias para hacer cumplir la disciplina urbanística, que al final es hacer cumplir con la ley.

-A veces es el propio Ayuntamiento el que lidera grandes proyectos para construir utilizando argumentos como la creación de empleo. Le pongo de ejemplo dos proyectos hoteleros; el de El Palmar y frente a la duna de Valdevaqueros.

-Los parques naturales, nuestras costas, son una riqueza natural que debemos preservar. Malgastar recursos que nos pueden ayudar en el futuro por unos empleos que no están garantizados hacen dudar sobre la sostenibilidad de esos proyectos. Antes de decidir construir un hotel en determinada zona, hay que analizar bien si el mercado actual es receptor a esa idea; si está refrendado por unas expectativas serias de número de visitantes.sin olvidar que uno de los grandes atractivos que tiene esta provincia son sus kilómetros de playas sin construcciones. Si acabamos con ese tesoro, ¿podremos competir con otras zonas en este sentido?

-¿Qué opinión le merece el decreto del litoral impulsado por la Junta y que va a ser recurrido por el PP ante el Constitucional por invasión de competencias municipales?

-El decreto lo que nos viene a decir es que el problema que tenemos es a nivel andaluz. Es el reconocimiento de que ha fallado el sistema y lo que viene a fijar son una serie de parámetros de lo que debe ser el modelo de territorio para toda la comunidad. No creo que se invadan competencias, aunque estemos en la provincia con mayor número de municipios que no pueden aprobar planes parciales porque no habían adaptado sus normas urbanísticas al plan general andaluz . La falta de actualización de los planes siempre esconde una realidad y es que las normas antiguas son menos estrictas que las actuales a la hora de autorizar construcciones. Ahora se tiene una conciencia del problema, que antes no había.

-¿Teme como se anunció por la propia Administración regional regularizaciones masivas de viviendas ilegales?

-Muchas de las ilegales que se levantaron son una realidad que ya poco podemos hacer, más que sacarla de esa bolsa irregular. No hay otro camino, pero hay que proteger por encima de todo los intereses generales. Pero las regularizaciones de núcleos de población no tiene que ser una invitación para que los municipios sigan creciendo de forma desordenada a la espera de futuras actualizaciones de los planeamientos urbanísticos.