Nace en la ciudad un movimiento para luchar contra los desahucios

En el último año en la ciudad se han dictaminado unos 280 desahucios de los que 42 aún están pendientes de llevarse a cabo. Una de las situaciones que ha despertado mayor rechazo ciudadano ha sido el caso de Ana María Bouzo. Una isleña que tuvo que dejar su casa de La Ardila tras detectarse aluminosis y encontrarse la estructura en mal estado, por lo que ahora además de la hipoteca de su piso debe afrontar un alquiler. Ante la imposibilidad de ello decidió dejar de pagar la hipoteca y ahora corre el riesgo de perder una casa en la que lleva más de un año sin vivir.

La acumulación de procesos en la ciudad y lo variopinto del caso de Ana María han provocado un movimiento en contra de los desahucios y ya se han producido contactos para constituirse en una plataforma. Izquierda Unida ha sido el primer grupo político que ha ofrecido su apoyo para las dudas legales que puedan surgir y durante la próxima semana mantendrá una nueva reunión con este colectivo, cuyo objetivo es el de paralizar los desahucios.

Precisamente eso era lo que pretendió ayer esta formación al presentar en el pleno una moción para que San Fernando se convirtiera en un municipio libre de desahucios. Pero la iniciativa no contó con el apoyo suficiente y por lo tanto fue rechazada.

Aunque el debate también sirvió para conocer las últimas noticias referentes a ese bloque de La Ardila desalojado ante su peligro de derrumbe y que ahora la Junta dude que se encuentre en tan mal estado, al menos que tenga aluminosis. Para asegurarse se pretenden hacer una serie de pruebas de carga y para ello ya se ha contratado a una empresa especializada que espera comenzar los trabajos lo antes posible. Hay que recodar que son un total de ocho los vecinos afectados por esta situación y que han tenido que buscarse otra vivienda. Sin embargo, ha surgido un nuevo problema. Y es que al parecer en una de las casas hay acumulada una gran cantidad de basura, motivo por el que no se pueden realizar los trabajos. La Junta de Andalucía ya ha solicitado una intervención municipal para la limpieza del piso, de modo que se pueda trabajar en él. Mientras tanto la actuación permanecerá paralizada.

También se metió en este caso la situación de la Empresa Municipal de Suelo (Esisa) y sus alquileres sociales, si bien los datos reflejan que en la mayoría de los decretos de desahucios realizados por esta empresa, se suele solventar con acuerdos económicos entre las partes afectadas. De hecho, en sus 17 años Esisa ha dictaminado 100 órdenes de desahucios de los que tan solo ha llevado a cabo seis. Y desde le empresa se expone que las razones por las que se han realizado no tienen que ver de forma exclusiva con los impagos.

Los alquileres sociales en San Fernando tienen un coste medio de 150 euros y Esisa expone que actualmente sería inviable condonar las deudas que se atesoran ya que por el momento se tratan de los únicos ingresos con los que cuenta este organismo autónomo. Es decir, que resultan imprescindibles para alcanzar el equilibrio económico y que por lo tanto pueda subsistir.