Derriban una casa ilegal en Puerto Real tres años después de la última demolición

La noticia es que una sentencia que obliga al dueño de una vivienda ilegal a tirar su propiedad se ha ejecutado. Pese a que en los juzgados gaditanos se acumulan las órdenes de derribo de construcciones que atentan contra el ordenamiento urbano, en la práctica no se cumplen. Hacía más de tres años de la última demolición en la provincia. Un promotor de Chiclana vio cómo la pica tiraba al suelo diez inmuebles en la zona de las Majadillas Bajas. Una demolición que fue vigilada por la Policía ante la oposición de los propietarios y que acabó con detenidos por resistencia y desobediencia a la autoridad.

En este nuevo caso, el dueño condenado ha sido más discreto. Si bien, han transcurrido casi cinco años desde que la Sección Primera de la Audiencia Provincial acordara incluir en la condena por delito contra la ordenación, no sólo la multa y la pena menor de cárcel, sino también el derribo de lo edificado. La demora en la ejecución, como reconoce la fiscal delegada de Medio Ambiente, Patricia Navarro, es habitual. El cumplimiento de lo que marca la Justicia se retrasa en todos los casos ante los constantes obstáculos que buscan los dueños para cumplir con las sentencias.

La vivienda estaba situada en El Marquesado. Se trataba de una construcción de 60 metros cuadrados, más un anexo de 40 y un vallado perimetral. Aunque la parte principal fue tirada el pasado mes de agosto, como verificó el propio Ayuntamiento, no ha sido hasta el pasado 2 de enero cuando quedaron archivadas definitivamente las actuaciones después de que el Consistorio confirmara que el terreno estaba expedito y que se habían eliminado el cerramiento, las pilastras y puertas.

Intentos de paralización

El dueño ha intentado hasta el último momento retrasar la entrada de la pica en su casa. En enero del año pasado fue requerido por tercera vez para que cumpliera con la sentencia, señalan desde el Ministerio Público. Pese a tratarse de una sentencia firme, siguió pleiteando y pidió la revisión del fallo judicial y por ende de la orden de derribo. En junio se rechazaba ese recurso.

El pasado mes de agosto, el Ayuntamiento, que también estaba requerido judicialmente para que hiciera cumplir el mandato judicial, verificó que en agosto la vivienda había sido ya derribada, pero el propietario mantenía el vallado y otros elementos de construcción. Un nuevo recurso del fiscal paralizó el archivo de la ejecutoria y obligó a finalizar con el derribo de todo lo construido.