El TSJA revisará la situación del juzgado ante una nueva baja de Alaya

La jueza Mercedes Alaya, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, presentó ayer un nuevo parte de baja laboral a causa de las cefaleas que padece, para los próximos veinte días. Su ausencia se prolonga ya cuatro meses, desde el 12 de septiembre, y causa alarma ante la acumulación del trabajo pendiente en el Juzgado número 6, donde además del asunto de los ERE se tramita otro voluminoso sumario, contra el expresidente del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por delito societario.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía , Lorenzo del Río, ha decidido tomar cartas en el asunto y ha anunciado su visita a Sevilla para el próximo miércoles. Del Río se entrevistará con la jueza sustituta, Ana Rosa Curra, y con el juez decano, Francisco Guerrero, para conocer la situación en que se encuentra el juzgado y decidir las medidas a adoptar. Fuentes del alto tribunal andaluz recalcaron que «nunca ha estado desatendido», ya que tuvo un juez sustituto Iván Escalera, que concluyó su contrato a finales de año, tras lo cual fue nombrada la magistrada Ana Rosa Curra.

Sin embargo, tanto la Sala de Gobierno como el CGPJ han aprobado que haya dos jueces en ese Juzgado, dada la envergadura de su trabajo, que sólo en el caso de los ERE consta de un sumario de 23.000 páginas y otros 200.000 folios anexos. Por lo tanto, medios judiciales esperan que Del Río adopte una solución en este sentido y sean dos los magistrados que trabajen en las dependencias.

Ademas, el reglamento del consejo General del Poder Judicial establece un límite de seis meses para las bajas por enfermedad, para poder proponer cambios en los instructores, aunque este plazo puede ser prorrogado mensualmente, a fin de evitar que la ausencia de los jueces afecte a la investigación y al derecho de defensa de los imputados.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado varios escritos en el Juzgado en el que pide que se impulse la causa y advierte de la posibilidad de que algunos de los delitos investigados puedan prescribir, solicitando asimismo que se establezca un calendario de declaraciones para aquellos imputados que no han prestado declaración hasta el momento. En estos momentos, el sumario de los ERE fraudulentos es parcialmente secreto, tras la decisión de la jueza Curra de levantarlo salvo en la parte correspondiente a la investigación que realiza la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que pidió en noviembre el secreto para identificar a los «verdaderos» beneficiarios de los fondos públicos desviados.

En la causa de los ERE fraudulentos hay más de 60 personas imputadas y una de ellas en prisión, Juan Francisco Algarín, imputado por cinco delitos, en concreto cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Medios judiciales consideran que debe darse absoluta prioridad a la causa.