Las ayudas a dependientes fallecidos enfrentan al Gobierno y la Junta

Un día después de que en el Consejo Interterritorial, Andalucía denunciara el recorte de casi 300 millones en fondos para la dependencia, la delegada del Gobierno en Andalucía , Carmen Crespo, reclamó a la consejera de Salud, María Jesús Montero, que justifique los 24 millones que la Junta recibió del IMSERSO entre el 2007 y el 2011 para financiar a 4.194 dependientes que no pudieron percibir las ayudas porque habían fallecido.

Según Crespo, un informe del Tribunal de Cuentas sostiene que «la Junta recibió a lo largo de esos cinco años transferencias de 24,1 millones para financiar la dependencia de 4.194 personas, que, según se ha comprobado, habían fallecido».

La delegada asegura que el Gobierno ha transferido a Andalucía 345 millones para financiar la ley, «la cantidad que le corresponde», dijo, y que no aumenta porque «como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo andaluz, la Junta no da entrada a nuevos usuarios en el sistema».

Sin embargo, Salud asegura que la cifra de ayudas a dependientes fallecidos es «rotundamente falsa». Alega que el informe recoge 1.329 presuntas irregularidades, el, 0,72% del total de beneficiarios, y «en ningún momento incluye 4.194, por lo que desconocemos el origen de esta cifra». Salud defiende el sistema de control, que es el implantado por el Ministerio de Sanidad, en el que se cruzan los datos del sistema de Dependencia con las bajas por fallecimiento del INE.

La Junta ha revisado todos estos expedientes y afirma que el 86% de los fallecimientos estaban correctamente grabados en el sistema; 30 casos corresponden a personas que se ha comprobado que no han fallecido; en 58 se habían producido errores, como indicar la fecha de nacimiento en lugar de fallecimiento y en 36 se estaba pendiente de grabar la resolución de fallecimiento. Sólo reconoce 55 casos de presuntas irregularidades que «están en estudio para determinar que ha podido ocurrir».

La Consejería cree que la intención de Crespo es extender la idea de fraude para eliminar la Ley de Dependencia y sospecha que se haya hecho público este informe «justo el día en que el Gobierno Central aborda los nuevos recortes en políticas sociales y en el que el Ministerio de Sanidad confirma, además, la retirada del Gobierno Central de la financiación de los servicios sociales comunitarios».

Carmen Crespo, por su parte, pidió que «cese la confrontación» y «el continuo victimismo de que hace gala el Gobierno bipartito para justificar sus problemas de gestión».