Encarcelado un presunto testaferro de las «empresas pantalla» de los ERE

El escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía suma un nuevo imputado. El juzgado que instruye el caso decretó este martes el ingreso en prisión provisional de uno de los presuntos testaferros que, a través de empresas pantalla, contribuyeron a blanquear el dinero de las sobrecomisiones presuntamente pagadas desde la Junta de Andalucía a las aseguradoras que abonaban los expedientes de prejubilación. La juez sustituta de Mercedes Alaya acusa a Juan Francisco Algarín Lamela, de 48 años, de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Fuentes judiciales explicaron que Algarín Lamela fue detenido el pasado lunes en el centro del Proyecto Hombre donde se sometía a un programa de rehabilitación. Su papel en la trama, que supera ya los 60 imputados, está directamente relacionado con el sindicalista y supuesto 'conseguidor' Juan Lanzas, una de las piezas claves junto al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero del pago de ayudas a empresas en crisis al margen de cualquier procedimiento legal o la inclusión de falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo pagados por la Administración andaluza entre 2001 y 2010.

En este sentido, las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaban ya el pasado mes de septiembre a que Algarín, como administrador de una empresa de mensajería, habría llegado a cobrar cheques por valor de más de 360.000 euros de las empresas mediadoras en el pago de las prejubilaciones con cargo a las arcas públicas andaluzas. Siempre siguiendo las indicaciones de Lanzas, al que la investigación señala como el ideólogo del sistema de empresas pantalla, todas ellas del sector de la mensajería.

Así, ante los agentes, el ahora encarcelado habría reconocido que recogió sobres con dinero en bares cercanos a la Consejería andaluza de Empleo, que entregaba posteriormente en otros establecimientos cercanos a la Delegación provincial de Empleo en Sevilla o incluso a los responsables en Madrid de las aseguradoras encargadas de abonar las pólizas de prejubilación. La investigación todavía no ha podido determinar el destino final de estas comisiones pagadas a las aseguradoras y si, de alguna manera, pudieron volver a los exaltos cargos públicos implicados.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el imputado fue detenido el lunes y de madrugada pasó a disposición del juzgado de instrucción 4 de Sevilla, en funciones de guardia, quien prorrogó su detención para que ya ayer pudiera comparecer ante la juez Ana Rosa Curra, sustituta de la juez Mercedes Alaya en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla.

Algarín se mostró «bastante colaborador» con la Justicia y reconoció haber llevado personalmente sobres y fundas de ordenador llenas de billetes de 200 y 500 euros a bares próximos a la Consejería de Empleo de Sevilla, cercanos a su delegación provincial sevillana, e incluso a Madrid, donde se los entregó al imputado Antonio Albarracín, exdirector comercial de Vitalia, empresa mediadora en los ERE . También recogió dinero de Daniel Ponce, exsubdirector de Mercasevilla, condenado por pedir 450.000 euros en comisiones ilegales en el primer sumario del caso.