El banco ante el juez

Si quiere que le concedamos el préstamo tiene que contratar un seguro de vida y otro para que no se le dispare la cuota si el tipo de interés sube y si sus padres tienen unos ahorros, que se pasen por aquí, que tenemos unos depósitos muy interesantes a plazo fijo que le darán una rentabilidad magnífica. ¿Le suena? El discurso se repite durante la tramitación de cualquier hipoteca o solicitud de crédito, una extorsión permitida que el cliente acepta amparado en el «es lo que hay» o «todo el mundo tiene que tragar si quiere el dinero».

Pero a fuerza de repetirlo no se convierte en lo correcto y hoy se sientan ante el juez bancos y cajas de ahorros que salen del tribunal con una condena bajo el brazo. Contaba ayer Silvia Tubio en LA VOZ el caso de una trabajadora a la que su entidad le colocó un derivado financiero sin que la propia comercial que lo vendía fuese capaz de explicar cómo funcionaba. Lo llaman ‘swap’ o ‘clip’ y tienen detrás contratos tan complejos que resulta prácticamente imposible no firmar a ciegas. El juzgado le ha dado finalmente la razón a esta portuense y ha obligado a su banco a devolver el dinero con intereses. Es la tercera sentencia en la provincia que señala al cliente como una víctima y abre la senda de muchas otras.

Y vendrán más si los afectados tienen aún fuerzas y recursos para afrontar el proceso, aunque la justicia deje de ser universal y haya que pagar el peaje para que los derechos sean reconocidos. Poco se diferencia este tipo de productos a estafas piramidales como la de Afinsa o Madoff. También en estos casos el empleado, coaccionado o no por sus superiores, se ha valido de la confianza de los clientes para colocarlos, ofreciendo rentabilidad y opción a cancelación cuando las cosas iban bien sin aclarar qué consecuencias conlleva el contrato. Tal vez un engaño más armado y de apariencia legal, pero que puede ser desmontado. A golpe de condenas o de protestas los afectados han logrado, al menos, abrir el debate de la ley hipotecaria y esa reforma no debe quedarse solo en la regulación de los desahucios, aunque lo avanzado hasta ahora apenas resuelva el problema. Urge crear un marco jurídico que proteja al ciudadano y logre acabar con los abusos, justo ahora cuando se piden cada vez más sacrificios a los ciudadanos y el dinero público paga los errores de las entidades bancarias.