La Junta reclama las órdenes de demolición en el Coto de la Isleta

La Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía ha solicitado al Ayuntamiento que le remita las resoluciones que ordenan la reposición de la realidad física alterada o, lo que es lo mismo, la demolición, en los expedientes incoados por usurpaciones y construcciones ilegales en el Coto de la Isleta.

Se trata de un Sistema General de Espacios Libres sobre el que Ecologistas en Acción presentó en febrero de 2012 varias denuncias ante el Consistorio y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por la usurpación de varias parcelas en este parque público y en las que existen de forma ilegal cultivos, instalaciones ganaderas e, incluso, varias viviendas. Según Juan Clavero, portavoz de la organización, la superficie ilegalmente usurpada asciende a 135.000 metros, lo que supone el 13,6% de la superficie total del SGEL. «Incomprensiblemente el Ayuntamiento, propietario de estos terrenos, no ha hecho nada por recuperarlos y eliminar las construcciones ilegales.

Según EA, la anterior edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, tardó un año en iniciar los doce expedientes de protección de la legalidad que deberían culminar con la orden de demolición. «Pero como viene siendo habitual, la apertura de estos expedientes es mera formalidad para no incurrir en un delito de prevaricación, y nunca se ejecutan las resoluciones de demolición».

Garantías a los infractores

Clavero va más allá y asegura que desde el Ayuntamiento se suele dar garantía a los infractores «en algunos casos presuntos delincuentes», de que no se va a derribar nada y se incluye en las notificaciones de apertura de los expedientes los nombres y apellidos de los ecologistas que firman las denuncias. «Lo que además de ser una cobardía, vulnera las normas de protección de datos».

Ahora la Junta de Andalucía, «consciente de esta realidad al haber sido informada por Ecologistas en Acción», pide no solo la notificación de apertura de expedientes de protección de la legalidad, sino su resolución y ejecución, así como la obligatoria apertura de los expedientes sancionadores que debe conllevar multas coercitivas del 10% mensual del valor de lo ilegalmente construido. «Cosa que no se ha hecho por parte del Ayuntamiento, lo que demuestra su clara connivencia con los infractores y delincuentes urbanísticos».

Así las cosas, EA ha exigido al Consistorio que se agilice la aplicación de las normas de disciplina urbanística. En caso contrario llevarán este asunto a la Fiscalía y denunciarán a los infractores y a los responsables políticos.