Guerra subterránea en Buenos Aires

La huelga del metro de Buenos Aires, que afecta el transporte diario de más de un millón de usuarios, cumplió una semana ayer sin que se atisbe una luz al final del túnel. El conflicto de fondo enfrenta al Gobierno nacional de Cristina Fernández con su rival político, el opositor Mauricio Macri, alcalde de la capital argentina. Mientras funcionarios de uno y otro lado cruzan acusaciones sobre la responsabilidad en el manejo del metro, los gremios mantienen paralizado el servicio. La disputa erosiona la imagen de ambos políticos y amenaza con una reacción airada de los usuarios que, a través de redes sociales, convocan a no pagar la tarifa cuando el servicio se reanude. «Tanto la presidenta como Macri se perjudican por el conflicto», dijo el analista Rosendo Fraga, del Centro de Estudios Nueva Mayoría. «Se echan la culpa mutuamente mientras el millón de usuarios observa cómo se pelean y el paro del metro ya es el más prolongado de la historia argentina», indicó.

No es la primera vez que el Gobierno de Fernández choca con otra administración. Le pasó el mes pasado con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, de su mismo partido, por necesidades financieras del mandatario. El Gobierno nacional se resistía a atender las demandas por considerar que Scioli, que quiere ser candidato a presidente, debía ser más eficiente en el manejo de los recursos. En esa puja, los rehenes eran los empleados públicos que no podían cobrar su salario.

El conflicto del subte (el metro) comenzó en enero. Acosado por un balance fiscal que se deteriora, el Gobierno nacional comenzó a recortar subsidios al consumo de servicios públicos. En la capital, Cristina decidió cumplir con una reclamación histórica: la transferencia a la ciudad de la administración de las líneas de subterráneos. Y con el traspaso, el Gobierno cortó el envío de la subvención que mantenía barata la tarifa. Pese a ello, el alcalde Macri firmó un acta de acuerdo aceptando el traspaso, y su primera medida fue aumentar la tarifa un 127%. Pero tan solo un mes después, en febrero, se produjo el accidente ferroviario en la línea Sarmiento en la estación Once, que provocó la muerte de 51 personas, y el mandatario de la capital comenzó a dar marcha atrás. Dijo que no se daban las condiciones financieras para el traspaso y que se requerían millonarias inversiones para evitar tragedias como la ocurrida en Once. «El Gobierno nacional no puede traspasarnos un subte quebrado», dijo Macri.

Crispación y caos

Desde entonces Macri y Cristina pujan para deshacerse del metro. La empresa que tiene la concesión del servicio, Metrovías, reclama subvenciones y créditos para las obras requeridas y se niega a otorgar aumentos salariales. Los trabajadores, divididos en dos gremios enfrentados, tampoco contribuyen a calmar la situación y reclaman una subida de sueldos del 28%. El grupo más combativo y opositor a Macri, conocido como los 'metrodelegados', mantiene a los usuarios en vilo desde enero y esta semana ha liderado una huelga récord: siete días sin subte.

La crispación habitual de los porteños, que todos los días realizan largos recorridos hasta llegar a sus lugares de trabajo, se ha transformado en resignación e indignación. El gobierno municipal ha puesto en servicio autobuses 'extra' para atender la emergencia, pero todos los vehículos circulan repletos de viajeros. Los taxis no dan abasto y el tráfico discurre al mismo paso que los peatones por las principales arterias.

¿Quién capitalizará tanto descontento? Quizás ninguno de los dos rivales. Pero quien tiene más que perder es Macri. Según la encuesta de Ipsos Mora y Araujo -publicada antes de la semana sin subtes- la presidenta es la dirigente con mayor imagen positiva, seguida por el gobernador de la provincia, Scioli, y el socialista Hermes Binner, que en las elecciones nacionales quedó en segundo lugar. Los encuestados dejaban a Macri en la cuarta posición, y el conflicto del metro aún no se había recrudecido en el momento en que se realizó el sondeo.