La Fiscalía abre diligencias por la actuación de los jornaleros del campo

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó ayer la apertura de diligencias fiscales en los asaltos a dos supermercados en Andalucía, promovidos por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Así lo han asegurado a Efe fuentes de la investigación, después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, instara a la Fiscalía a que abra una investigación por los asaltos que tuvieron lugar ayer en los que está implicado el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

La rebelión social que pretendía el Sindicato Andaluz de Trabajadores con su acción en el supermercado de la firma Carrefour de Arcos que tuvo lugar en la mañana del miércoles ha quedado desactivada casi de inmediato. Ayer el Ministerio de Interior anunció que ha ordenado la detención de los autores del asalto a otro centro comercial ocurrido en Écija, entre ellos el diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, que será citado por el juzgado.

La situación, pues, ha trascendido de las fronteras gaditanas, y se ha convertido casi en un tema de estado. De hecho, al cierre de esta edición las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen orden de apresar al alcalde de Marinaleda y a quienes lo acompañaban. De momento, esta decisión no afecta a los miembros del SAT, Diego Cañamero, y el alcalde Espera, Pedro Romero, que acordaron pacíficamente con Carrefour la entrega de comida, y no hicieron como Gordillo y se llevaron los carros de alimentos sin mediar negociación alguna.

Investigación

El asuntó llegó a primera plana de los medios nacionales cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció que instaba a la Fiscalía a abrir una investigación de lo ocurrido. El Gobierno central no quiere que esto se convierta «en una selva», y asegura que «no se va a permitir que se viole la ley». Por su parte, la Confederación de Empresarios de Andalucía condena lo ocurrido y reitera que la actividad empresarial es «la única solución a la crisis».

La orden de detención de Juan Manuel Sánchez Gordillo ha despertado voces a favor, pero también en contra. En la provincia, una de las más llamativas ha sido la del delegado provincial de Fomento y dirigente provincial de IU, Manuel Cárdenas, que calificó de «barbaridad» estas detenciones.

También han sido especialmente significativas las intervenciones públicas del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), quien calificó de «acto simbólico» lo ocurrido pero manifestó no estar de acuerdo «con las formas», y la de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo (PP), quien además de condenar los «intolerables» sucesos, ha lamentado que el vicepresidente del Gobierno andaluz «no se haya atrevido a condenar» lo ocurrido.