Cataluña no llega a final de mes

La situación financiera de la Generalitat está adquiriendo tintes dramáticos este verano. Con el argumento de que la caja está vacía, de que el Gobierno central no facilita liquidez y de que los nuevos objetivos de déficit impuestos por Hacienda ahogan a las autonomías, la Generalitat se ha visto obligada a reconocer que no puede pagar los convenios que mantiene con residencias sociales y que el impago se puede repetir más meses.

Son unas 4.000 residencias de la tercera edad, centros para discapacitados, enfermos mentales o drogodependientes, así como otras instituciones de servicios sociales, los que no pagarán sus nóminas de julio a unos 100.000 trabajadores porque el Gobierno catalán no puede abonar los 70 millones que les adeuda. En principio, la situación crítica solo afecta a los conciertos de julio, pero nadie se atreve a asegurar que los impagos no se repetirán. «No puedo garantizar nada», expresó el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell. Para descartarlo el Gobierno central debería poner en marcha «cuanto antes» el fondo de rescate autonómico. «O el Gobierno nos envía liquidez o este problema se repetirá y se repetirá cada mes», admitió Mas-Colell.

Voz de alarma

La presidenta de la mesa del Tercer Sector de Cataluña, Àngels Guiteras, explicó que los geriátricos no han tomado aún la decisión drástica de enviar a los ancianos a casa ante posibles problemas de desatención. Pero, por si acaso, los directores de unos 300 centros presentaron una denuncia «preventiva» ante la Fiscalía para alertar del «riesgo vital» y de «situaciones asistenciales críticas» a las que se enfrentan los internos, unos 23.000 en el caso de los que están reconocidos con grados severos de dependencia. Los centros avisaban de un plan de choque en el que podrían reclamar a las familias que se responsabilizasen temporalmente de los ancianos.

Los impagos no se limitan a las entidades sociales y se extienden a todos los sectores, desde el sanitario al educativo. A los 70 millones que adeuda a las entidades asistenciales hay que añadir los 340 millones que debe a los hospitales por los conciertos de julio y los 10 millones a escuelas concertadas. La situación de asfixia financiera ha llegado a tal punto que, el curso que viene, los alumnos que lleven el almuerzo en una fiambrera al colegio deberán pagar hasta la mitad del precio del servicio del comedor, unos tres euros, para sufragar el uso de neveras, microondas y los servicios de limpieza y de monitores.