Cien días a la espera de ser operada de un cáncer

María Luisa Santandreu es una gaditana de 72 años. Según la carpeta de documentación médica que arrastra como las cadenas un presidiario, le fue diagnosticado un ademocarcinoma (cáncer) de recto medio en junio de 2011. Cuando le dieron la difícil noticia, asegura que llevaba dos meses de visitas a consultas comunes y urgencias. Al fin sabía lo que le sucedía, por duro que fuera. Sin embargo, su «indignación» llegaría después. Desde que le comunicaron la dolencia que padecía hasta la operación pasaron casi cien días. Concretamente, tuvo conocimiento de la enfermedad en la tercera semana de junio del año pasado, asegura, y la documentación que acredita fija su operación el 15 de septiembre de 2011.

Más allá del resultado de la intervención, que considera catastrófico y achaca a un grave error médico, María Luisa Santandreu defiende que el retraso en su intervención es fruto de las carencias de personal y material que cada vez se reproducen con más frecuencia e intensidad en los hospitales públicos andaluces: «¿Quién tuvo la culpa de ese retraso? ¿Fue porque no había cirujano? ¿No había quirófano disponible? ¿No había habitaciones abiertas? ¿No había personal cualificado?».

La paciente está convencida de que los tres meses de dilación entre diagnóstico e intervención no coincidieron con el verano por casualidad: «He sacado la conclusión de que vivo en el tercer mundo, de que las vacaciones parecen estar antes que los enfermos graves. Si lo denuncio públicamente es para que no vuelva a repetirse esta canallada, ya no tengo nada que ganar ni que perder», afirma María Luisa.

Dice estar desahuciada. Según asegura, su cáncer avanza y una segunda operación es imposible. Al margen de las posibles negligencias que hubiera en la primera, afirma que actualmente está en manos de «maravillosos profesionales» del equipo de Oncología y Cirugía del Puerta del Mar. No tiene queja, al contrario, sólo reconocimiento y agradecimiento, aunque siente que «el mal» ya está hecho. «No quiero que le pase a más gente, que tengan que esperar tanto tiempo para ser tratada de algo tan serio como lo que me diagnosticaron a mí». Dice que si tuviera dinero «denunciaría todo lo denunciable» que le ha pasado pero mientras recibe asesoramiento de la Oficina del Defensor del Paciente, asegura no tener miedo: «Mi caso tiene difícil solución, pero veo las quejas de los profesionales que se manifiestan en la calle, veo cierre de controles, falta de personal para sustituir al que tiene que disfrutar de sus vacaciones y llego a la conclusión de que en verano está prohibido ponerse enfermo».

María Luisa, que no ha planteado denuncia administrativa por su caso, está convencida de que si la hubieran diagnosticado en cualquier otra época del año, el curso de su enfermedad habría sido distinto.