El PP-A reclama a Zarrías que «ponga nombre propio y apellidos al diablo»

El portavoz de Función Pública del Grupo Popular del Parlamento de Andalucía, Rafael Ruiz Canto, pidió ayer al antaño consejero de la Presidencia y actual secretario federal de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, que, merced a sus propias declaraciones, «ponga nombre propio y apellidos al diablo» para aclarar la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias que investiga la jueza Mercedes Alaya. Rafael Ruiz Canto aludió a las propias declaraciones de Gaspar Zarrías, quien recientemente manifestó no conocer al exsindicalista jiennense de UGT Juan Lanzas, imputado en la causa tanto por su presunto papel como negociador en los casos de despidos colectivos, como por disfrutar de dos de las prejubilaciones fraudulentas investigadas y financiadas con cargo a la partida presupuestaria 31L.

Lanzas, según la investigación, cobraba hasta 600.000 euros «en dinero 'b'» a la hora de conseguir financiación pública y soporte administrativo para las prejubilaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE).

Dado que, en alusión al conflicto laboral de la planta agroalimentaria de Primayor, Zarrías defendió que «si había que hablar con el diablo, se hablaba con el diablo» para solucionar el destino de los trabajadores de esta empresa, Ruiz Canto le reclamó ayer directamente «que diga quién es el diablo». «Póngale nombre propio y apellidos al diablo y quizá podamos aclarar muchas cosas», insistió el dirigente popular a Gaspar Zarrías

La jueza Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos al contemplar ayudas directas a diversas empresas sin la preceptiva fiscalización.

Reducción de altos cargos

Por otra parte, el Grupo Popular del Parlamento andaluz defenderá en el próximo pleno de la cámara autonómica una moción que propone una reordenación integral de la administración andaluza, con medidas como la eliminación de la mitad de los altos cargos de la Junta de Andalucía y su «administración periférica», la reducción de las ayudas asignadas a los partidos políticos y organizaciones sindicales o empresariales, la eliminación de los contratos «blindados» y la supresión de la indemnización para viviendas en el caso de los delegados provinciales de las consejerías.

La moción, destinada a reordenar «la política general en materia de administración pública», intenta combatir «el enchufismo y los continuos ataques a los principios de igualdad y mérito», según manifestó Ruiz Canto, que atribuyó a las décadas de gobierno socialista y sus prácticas los conflictos que vive actualmente la Administración autonómica en materia laboral y de funciones.