Los camioneros acosan a Cristina

En una disputa política más que laboral, el sindicato de camioneros de Argentina, uno de los pilares del Gobierno de Cristina Fernández hasta hace pocos meses, colocó a la presidenta contra las cuerdas. En plena negociación con la patronal sobre sus demandas de aumento salarial, el gremio lanzó el martes un paro de 72 horas con bloqueo del transporte de combustible que dejó al país al borde del desabastecimiento.

Los camioneros -que controlan el transporte de caudales, correo, combustible, alimentos y residuos entre otros capítulos esenciales- impidieron el miércoles la salida de camiones de refinerías de todo el país y en pocas horas dejaron sin gas a 26.000 hogares. Al mismo tiempo, amenazaron con una huelga general y anunciaron una movilización el próximo miércoles que terminará en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada.

Finalmente, la sangre no llegó al río. El sindicato acordó ayer un aumento salarial con la patronal y puso fin a la medida de fuerza. Pero mantuvo el llamamiento a la movilización para el día 27. Tras el conflicto, el líder camionero Hugo Moyano, que es además secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), hizo una demostración de su fuerza y capacidad de daño de cara a las elecciones del 12 de julio en la central obrera.

Moyano aspira a ser reelegido por tercera vez consecutiva, pero el Gobierno quiere desplazarlo para colocar a un dirigente de su confianza. A medida que se acercaba la elección, el secretario adjunto del gremio de camioneros, Pablo Moyano, hijo del líder de la CGT, endurecía su discurso ante los empresarios. El gremio reclamaba un 30% de aumento y a mediados de este mes, en vísperas de un fin de semana, paralizó durante unas horas el transporte de efectivo a los cajeros de los bancos.

Entonces las empresas ofrecieron un 21% de subida, que los camioneros rechazaron. La tasa de inflación anual en Argentina, según datos oficiales que se creen manipulados, es del 9,8%. Pero las consultoras privadas lo fijan para el último año en el 22%, el porcentaje que acordó la mayoría de los gremios que tuvieron negociaciones hasta ahora.

El sindicato reclamaba además al Gobierno la eliminación del impuesto sobre las ganancias. El Estado grava con ese tributo a trabajadores solteros con salarios por encima de 5.800 pesos mensuales (1.035 euros) y a los casados con dos hijos que ganen más de 7.998 pesos (1.430 euros). Los chóferes de camiones, con altos salarios, rechazan esa carga y exigen además otros beneficios salariales.

Colas y desabastecimiento

La protesta había provocado gran incertidumbre entre la población y la presidenta adelantó al miércoles por la noche su regreso de la cumbre Río+20. Miles de vehículos hicieron largas colas ese día para repostar. El Gobierno creó un comité de crisis y ordenó a la Gendarmería custodiar la salida de camiones conducidos por personal militar para garantizar un abastecimiento básico sin reprimir la protesta. Ayer hubo que adoptar medidas para distribuir el gas cada vez más escaso entre industrias y viviendas.

El Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra el sindicato por «amenazas, coacción y entorpecimiento de los servicios públicos». Y Trabajo impuso al gremio de los Moyano una multa de 715.000 euros por ignorar la conciliación obligatoria que se había fijado en este conflicto. En ese escenario, los empresarios aceptaron un aumento salarial de 25,5% y el gremio suspendió la medida de fuerza, pero no la movilización del día 27.