Oposición judicializada

El PSOE tiene grandes dificultades para contrarrestar la acción legislativa del Gobierno, que con el argumento de la crisis se desarrolla en gran medida por decreto-ley, aunque a posteriori se tramiten las normas por el procedimiento ordinario. En el pasado, los socialistas criticaron los recursos del PP ante el Constitucional, pero ahora están actuando de la misma manera (han recurrido el decreto-ley que reforma el consejo de RTVE, la amnistía fiscal y amenazan con un recurso si la Mesa del Congreso no reconsidere su veto a la comparecencia de Dívar). El argumento más utilizado por el PSOE es que los decretos-leyes solo pueden ser utilizados en situación de «extraordinaria o urgente» necesidad y en determinados casos tasados por la Carta Magna. La judicialización de la política, salvo en casos muy fundados, deteriora el proceso político y termina desacreditando al poder judicial. Deberíamos tener ya suficiente experiencia para haber constatado esta evidencia, que contribuye a incrementar la desafección que la sociedad siente hacia la mala política.