Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de San Fernando superan en más de un 71% la media de 2.500 asuntos penales que fija como tope el Consejo General del Poder Judicial. Una saturación que impide que se pueda atender, con el tiempo que se merece, procesos de suma importancia para la ciudad, como es el caso del desfalco de 7,8 millones de euros de la caja municipal. Hace más de un año que no se conoce ninguna novedad respecto al proceso que se sigue en la sede de San José, en gran medida por culpa del notable incremento de la carga de trabajo, más allá incluso de los módulos de entrada que marca el Consejo, que se sitúan en 380 contenciosos y en 2.500 penales por cada juzgado. Las cifras son reveladoras ya que en los contenciosos los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la ciudad suman 2.413, mientras que en los asuntos penales la cantidad es de 9.975, es decir una media de 3.265 por juzgado, y entre todas esas causas se encuentra la del robo que sorprendió a los isleños el 1 de abril de 2009.

Curiosamente hay aspectos que llaman la atención como que por el momento solo existan dos imputados, a pesar del último informe policial (presentado hace un año en el juzgado) que incidía en la estrecha relación de una familia marroquí con el ex cajero, Clemente Ruiz, y colocaba a sus negocios como posible tapadera para la salida del dinero.

Diversas voces expertas han avisado de la necesidad de un cuarto Juzgado de Instrucción y Primera Instancia. El CGP J así lo aconseja en su memoria de 2011, pero no hay noticia de que se vaya a producir.