Medio centenar de cargos socialistas de Cádiz muestran su apoyo al «represaliado político»

Medio centenar de cargos orgánicos del PSOE de Cádiz han suscrito un manifiesto en el que expresan su «solidaridad, respaldo y apoyo más absoluto» hacia el exconsejero de Empleo Antonio Fernández , que ingresó ayer en prisión y al que consideran un «represaliado político» en el marco de «un proceso orquestado por la derecha andaluza con el aval del PP y de un sindicato ultraderechista» para «tratar de hacer de las tropelías y los desmanes del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer una causa general sobre la gestión de los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán».

Los firmantes, entre los que figuran el parlamentario andaluz y exconsejero Luis Pizarro y el diputado nacional y secretario provincial del PSOE de Cádiz, Francisco González Cabaña, aseguran que «no hay, ni puede haber, ni una sola prueba para culpabilizar a Antonio Fernández ; ni siquiera para responsabilizarle indirectamente de las irregularidades cometidas por Guerrero y Trujillo». Entre los cargos gaditanos del PSOE que han mostrado su apoyo al exconsejero se encuentran la alcaldesa de La Línea, Gema Araújo, la diputada en el Congreso Mamen Sánchez, el alcalde de Barbate, Rafael Quirós, o el presidente del PSOE gaditano, Rafael España.

«No se ha lucrado»

Subrayan que, después de cuatro días de declaraciones en los juzgados de Sevilla, «no se ha encontrado elemento alguno que lleve a pensar que se ha lucrado o enriquecido personalmente». Por todo ello, consideran que Antonio Fernández ha sido «tomado por la derecha como un chivo expiatorio, sometiéndole a un juicio mediático sin precedentes y sin capacidad de defensa, ni de respuesta».

Así, manifiestan que Fernández es «un represaliado político, víctima de una campaña de descrédito y de acoso y derribo por parte de la derecha más reaccionaria». Además, censuran que está padeciendo «unos inexplicables excesos judiciales que le están situando ante la opinión pública como si del mayor criminal del mundo se tratara».

En este sentido, argumentan que la actuación de la autoridad judicial y de la Fiscalía es «difícilmente compatible con las exigencias del derecho fundamental a la presunción de inocencia de Antonio Fernández, a quien se le hace sufrir el cumplimiento anticipado de una pena de privación de libertad que, muy dudosamente, se le impondrá en el futuro».