Puerto Sherry pondrá cámaras de seguridad y prescindirá de agentes

Puerto Sherry tendrá un nuevo sistema de seguridad que se implantará de forma progresiva a partir de mayo. Estará basado en tecnologías domóticas con cámaras de vigilancia y mecanismos automáticos y prescindirá de personal humano. De los dos guardas de seguridad que hay ahora por cada turno se prescindirá de uno. La nueva organización de complementará con los trabajadores de Marina del Puerto, concesionaria del complejo náutico.

Fuentes de esta empresa explicaron que la seguridad del puerto deportivo se regía en base a una ley de 1992 y por ende, con unas condiciones distintas al resto de puertos deportivos de España. Esto se debía fundamentalmente a la presencia del Poblado Marinero junto complejo. Estos apartamentos daban al conjunto la condición de urbanización aislada y de ahí a adhesión a la citada ley de seguridad privada.

Pero una vez segregado el Poblado del resto del complejo esta situación perdía su razón de ser. Así, la dirección de Marina pidió varias veces a la Subdelegación del Gobierno el cambio en las competencias sobre seguridad y que la propia empresa pudiera decidir el tipo de sistema a implantar. Esa modificación ha sido aprobado recientemente por la autoridad competente, de ahí el cambio que se hará efectivo en breve y de forma progresiva. Cabe destacar que Puerto Sherry fue rescatado por Marina de El Puerto en el año 2005, tras el periodo de secuestro administrativo de la Autoridad Portuaria. Ahora bien, este cambio en su modo de gestión ya ha tenido repercusión en el Ayuntamiento de El Puerto.

Alarma en el Ayuntamiento

Los grupos políticos de la oposición, PSOE, Izquierda Unida e Independientes portuenses han solicitado al alcalde, Enrique Moresco, la convocatoria de una junta de portavoces, «ante la decisión de la empresa propietaria de Puerto Sherry de prescindir del servicio de seguridad en el recinto portuario, con fecha de efectos el próximo nueve de mayo».

Esta es la versión que sostienen los partidos de la oposición, que consideran la presunta ausencia de seguridad un «perjuicio» para los actuales trabajadores, así como para la ciudad por el posible incremento del tráfico «ilícito» que pudiera acceder al núcleo urbano a través de Puerto Sherry.