Tocino carga contra la Junta por no ayudar al mantenimiento de la residencia local

La concejala de Bienestar Social, Mariola Tocino, ha salido al paso de las críticas efectuadas por los partidos de la oposición, por el Foro Social y por las trabajadoras de la residencia municipal a raiz del anuncio de su cierre. El piso asistido ha sido incluído en el plan de ajuste del Ayuntamiento, que a su vez se ha comprometido a buscar una alternativa a los doce ancianos residentes. Ocho han sido ya admitidos en el centro de la Diputación y dos en el de Valdelagrana.

«Se ha trabajado sin escatimar esfuerzos para reubicar en las mejores condiciones posibles a los usuarios, manteniendo constantes reuniones para que todas las partes afectadas estuviesen en todo momento informadas de los pasos que se iban dando». Unas acciones que, a juico de la popular, están «enturbiando» los afectados con sus declaraciones. «Ponen en peligro las gestiones realizadas». La responsable municipal calificó de «valiente, firme y consensuada» la decisión adoptada por el gobierno local de desprenderse de una competencia que pertenece a la Junta de Andalucía. «Es un coste que no nos corresponde y que estamos asumiendo todos los portuenses, cuando no podemos». En este sentido, Tocino recordó que la petición de concierto de plazas a la Junta fue desestimada con el argumento de que el piso no cumple los requisitos necesarios.

También señaló que cuando trasladó al gobierno autonómico la posibilida del cierre y se pidió su colaboración para reubicar a los ancianos, la respuesta fue que no habría garantías de que las plazas estuvieran en El Puerto, sino en las localidades donde hubiera vacantes. Cabe señalar por otro lado que aún no se ha encontrado una alternativa para las dieciséis trabajadoras que forman la plantilla del piso.