La plantilla del Ayuntamiento adelgazará un 25% en cuatro años

La dieta de adelgazamiento que aplicará el Partido Popular a partir de mayo llega después de que la vaca lechera municipal haya engordado con los pastos frescos de la primavera económica, regados por distintos partidos al frente del ejecutivo. A día de hoy la media del coste salarial por trabajador municipal (cifra que incluye los salarios sociales y otros conceptos) ronda los 44.000 euros anuales y la multiplicación por los 2.500 empleados da un resultado insostenible para las arcas consistoriales tras el hachazo de la crisis. Las diferentes medidas planteadas por el PP (ERE, reorganización de los servicios municipales, 250 jubilaciones en los próximos cuatro años y el concurso de acreedores en la emisora de radio y televisión Onda Jerez) terminarán mermando la plantilla en un 25%, es decir, dejándola en tres cuartas partes de lo que es ahora. La intención, pues, es que el número de trabajadores dependientes tanto del Consistorio matriz como de las empresas ronde los 1.900.

A pesar de la dureza del objetivo, los 390 despedidos se quedan incluso cortos para las primeras estimaciones del Gobierno de Mariano Rajoy, que pretendía que Jerez prescindiera de casi mil trabajadores de una tacada. El ejecutivo local ha intentado equilibrar las cifras que le exigía el Estado para acceder a la línea de créditos ICO llenando la saca con otras medidas como el incremento de ingresos a través del cambio de modelo en la gestión del agua y la subida del impuesto de la basura hasta un 50% en 2013, entre otros.

Como se han cansado de decir hasta la saciedad unos y otros -sobre todo, en campaña electoral- el problema viene de lejos y todos han contribuido en mayor o menor medida. Los más recientes gobiernos en solitario de Pedro Pacheco (antes PSA, ahora Foro Ciudadano) realizaron 619 contrataciones. Los socialistas, con Pilar Sánchez blandiendo el bastón de mando, firmaron otros 130 contratos (entre su etapa de gobierno con mayoría absoluta y sus meses de pacto con Pacheco) y convirtieron en laborales indefinidos a 640 trabajadores temporales. Por último, los casi dos años de María José García-Pelayo en coalición con el PSA supusieron la firma de 153 contratos más (aunque desde el PP insisten en que la mayoría de ellos se produjeron en el área de Urbanismo, bajo la supervisión de Pacheco).

¿Y ahora qué?

Una vez aprobado por los organismos locales el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 300 trabajadores del Ayuntamiento y otros 90 adscritos a empresas municipales, tiene que abrirse un plazo de consulta y negociación de 30 días que no depara muchas esperanzas para ninguna de las partes implicadas en el conflicto. El ejecutivo local, de hecho, calcula que los despidos se producirán justamente dentro de un mes, en mayo. «No renunciamos al diálogo pero no dejaremos de tomar las medidas que tenemos que tomar», dijo con claridad ayer la alcaldesa, María José García-Pelayo, pocas horas después de su grupo aprobara en el pleno, físicamente en solitario por el abandono de la oposición, la drástica medida. Por su parte, el comité de empresa del Ayuntamiento ya ha anunciado el inminente inicio de movilizaciones.

El momento elegido para presentar la medida no ha sido casual ya que debido a la nueva legislación laboral ya no es necesario que la Consejería de Empleo autorice el ERE, como sí le ocurrió a Pilar Sánchez con el expediente temporal que no pudo llevar a cabo. Esta opción -la de un ERTE- no es viable ahora por el mismo motivo: la reforma no lo permite en instituciones públicas. Además, ayer se cumplía el plazo para presentarle al gobierno central el plan de ajuste que garantice la devolución de los 328 millones de los créditos ICO.

A vueltas con la productividad

El complemento de productividad que cobra un buen número de trabajadores municipales está en el punto de mira desde hace meses como uno de los motivos del alto coste en el capítulo de personal. La intención de los populares es acabar con las desigualdades entre empleados de la misma categoría que ven ostensiblemente engordada su nómina con este concepto. Por ejemplo, hay jefes de área (A1) percibiendo al año 24.000 euros en productividad mientras que otros -con la misma categoría- apenas alcanzan los 1.500. Lo mismo ocurre en escalones inferiores, como el C2, donde hay personal que cobra 18.646 euros anuales en este concepto frente a los 228 de otros compañeros adscritos a la misma categoría.

Desde las filas populares insisten en que «el complemento de productividad debe ser excepcional pero en el Ayuntamiento de Jerez se ha convertido en habitual», de ahí a que vayan a elaborar un reglamento específico de productividad que regule las cantidades y establezca un tope máximo conforme al sueldo de cada categoría. La medida no es baladí teniendo en cuenta que 1,5 millones de euros se diluyen cada año por esta vía de escape de las arcas municipales.

Las productividades, además, benefician a los sueldos más altos ya que el 90% de las jefaturas cuentan con este complemento específico mientras que solo el 38% de la plantilla base lo disfruta.