Ciudadanos

Juzgan a un promotor por una supuesta estafa

Los clientes lo denunciaron por venderles una casa ilegal en Chiclana, pero la Fiscalía considera que no existe delito penal

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La Audiencia Provincial de Cádiz acogerá después de Semana Santa dos juicios muy parecidos, aunque no idénticos, sobre construcciones ilegales en Chiclana. La Fiscalía mantiene dos posiciones distintas respecto a ambos. El primero de ellos, del que ya informó LA VOZ, tendrá lugar en la Sección Cuarta el día 10, y en él están acusados tres promotores, un perito y un aparejador por construir casas irregulares e inscribirlas supuestamente en el registro de la propiedad con certificados falsos. También se juzga a uno de los promotores de un delito de estafa por vender una de las casas a unos ingleses, sin decirles que era ilegal. Por este delito, el fiscal pedirá siete años de prisión al acusado (F. J. F. R.)

El segundo juicio será el día 13 de abril, en la Sección Primera, y el motivo es muy similar: el acusado es M.C. B, también promotor de Chiclana, que en 2005 vendió a otra pareja inglesa una vivienda construida de manera irregular en un diseminado de la localidad. Los compradores le pagaron 19.300 euros como adelanto, y firmaron un contrato que garantizaba la devolución del dinero si no fuera posible inscribir la finca en el registro. Pero antes de pagar el resto de la casa, el matrimonio supo que el Ayuntamiento había abierto un expediente disciplinario sobre la vivienda, porque el suelo era rústico, y rompieron el contrato. Sin embargo, el promotor supuestamente no les devolvió el adelanto, así que la pareja lo denunció y lo llevó a los tribunales por un delito de estafa.

Por la vía civil

Sin embargo, la fiscal que ha llevado el caso tiene previsto solicitar al tribunal el sobreseimiento provisional de los cargos para M. C. G, pues entiende que no existe ningún delito de estafa en este caso, y que debería de solucionarse por la vía civil y no penal. Argumenta la fiscal en este sentido que el contrato que se firmó no indica que la vivienda fuera legal o ilegal, si rústica o urbanizable, «por lo que no existe un engaño manifiesto». Es más -recuerda el fiscal-, los clientes estuvieron asistidos por un abogado que les aconsejaba.