El Ayuntamiento, paralizado

Hay huelgas, acampadas y protestas a diario. Las empleadas del servicio de atención a domicilio (Acasa) se han encerrado en el Ayuntamiento en dos ocasiones y hasta han impedido también en un par de ocasiones que la plantilla de la Delegación de Bienestar Social entrasen a trabajar. Agentes de la Policía Local se han disfrazado para manifestarse. Jerez había vivido en los últimos meses protestas de casi todo tipo. Pero lo que nunca se había hecho era paralizar la actividad del Ayuntamiento. Hasta que ayer lo hicieron las trabajadoras del servicio de limpieza de colegios e instalaciones municipales (Limasa). Y no les resultó nada complicado.

Bastante antes de las ocho, coincidiendo con el inicio del segundo y último día -de momento- de huelga, un centenar de ellas se repartieron entre los tres accesos al edificio principal del Consistorio. Allí se plantaron con la firme decisión de impedir la entrada a los empleados municipales. No hubo incidentes ni cargas policiales como las vividas recientemente ni nada parecido. Más bien todo lo contrario. La tranquilidad fue la nota predominante hasta las tres de la tarde, hora en la que, una vez concluida la jornada laboral de los empleados del edificio principal del Ayuntamiento, se marcharon.

Eso sí, la actividad en el edificio principal del Consistorio quedó totalmente paralizada. No entró nadie y, por tanto, no se pudo celebrar la junta de gobierno local programada, entre cuyos puntos se encontraba una operación para pagar dos millones de euros a la plantilla municipal de los salarios atrasados. Este dinero -procedente de las propias arcas municipales y de un anticipo de la participación en los ingresos de la Junta- permitirá pagar 700 euros a los trabajadores municipales por lo que se empezará a cobrar el mes de enero. Según explicaron, debido a la protesta el cobro se retrasará hasta el lunes o martes.

Tampoco se pudo llevar a cabo ningún tipo de gestión. Entre éstas, según informaron fuentes municipales, estaba el envío de la documentación requerida por el Ministerio de Hacienda para estudiar el desbloqueo de los ingresos del Estado, una de las medidas con la que el gobierno local pretende aliviar la grave asfixia financiera. Preveía poder hacerlo ya por la tarde, antes de que tuviese lugar en Madrid una reunión para abordar ese asunto. «Todo tiene su cauce y su camino, y sin enviar esos informes no podemos desbloquear la PIE», dijo la alcaldesa, María José García-Pelayo. La intención es liberar lo máximo posible de los 40 millones retenidos para «pagar más». «Tenemos que pedir disculpas a los afectados, pero que sepan que no es un callejón sin salida», dijo.

La primera edil se vio obligada a convocar una rueda de prensa en las dependencias de la Delegación de Promoción de Ciudad -la Moncloíta-, lugar al que se trasladó ante la imposibilidad de entrar en el Ayuntamiento y donde mantuvo un encuentro con los representantes sindicales para abordar lo sucedido.

Protestas y trabajo

El equipo de gobierno acudió a la reunión con los sindicatos con dos peticiones: que las movilizaciones que emprenden los colectivos en conflicto afecten lo menos posible a los ciudadanos y que tampoco impidan el desarrollo normal del trabajo de las instituciones. «Entendemos que hay que conciliar el derecho a la movilización con el trabajo», insistió la primera edil. Respecto a la posibilidad de trasladar la actividad a otros espacios destacó, además, que «hay decisiones que se tienen que tomar en el Ayuntamiento. No vamos a entrar en chanchullos, los órganos se tienen que reunir donde deben».

El ejecutivo se mostró en todo momento comprensivo con todos los trabajadores que sufren retrasos en los pagos pero «queremos que entiendan que hay pasos que se pueden volver contra ellos».

María José García-Pelayo señaló que para hoy viernes se ha convocado una junta de gobierno local urgente y extraordinaria en la que está previsto el inicio de expediente de contratación de la nueva empresa concesionaria para la limpieza de instalaciones municipales y colegios, así como denunciar el convenio con Acasa y aprobar los pliegos de condiciones para la contratación de una nueva empresa. En esta junta de gobierno local, se incluirá la propuesta de operación bancaria prevista para ayer, «siempre que se permita el acceso y se pueda celebrar».

La alcaldesa insistió en que «son cuestiones importantes para todos los trabajadores afectados y para toda la ciudad». En este sentido, ha añadido que «el gobierno no está cruzado de brazos, pero necesitamos la colaboración de los trabajadores y que no se bloqueen los accesos al Ayuntamiento para poder trabajar. Paralizar la actividad del gobierno no es el camino». Así se lo manifestó a los representantes del comité de empresa de Limasa, a los que ha trasladado que «comprendemos que si un empleado trabaja y no cobra lo pase muy mal, y somos conscientes de su situación, pero les pedimos que busquen fórmulas de presión que no perjudiquen el proceso de solución».

García-Pelayo señaló que «no podemos solucionar los pagos a Acasa y Limasa sin aprobar los nuevos expedientes de contratación. Limasa no tiene ahora mismo contrato. Estamos ordenando y normalizando la situación, tanto económica como jurídicamente».

Más documentación

La alcaldesa explicó que se está realizando un trabajo muy riguroso con el Ministerio de Hacienda para desbloquear la PIE, y para ello ya se ha facilitado, además de la documentación económica, más información, como la denuncia ante Fiscalía por la gestión negligente que se ha desarrollado en Onda Jerez en anteriores legislaturas, concurso de acreedores de Jecomusa y Cirjesa, desvíos de Tesorería, situación de Jerez por la dispersión de su población y encarecimiento de servicios, Plan de Ajuste, Plan Integrado, entre otros.

La primera edil incidió en que «queremos que se conozca realmente la situación de Jerez y sus circunstancias. Para hoy nos habían pedido otro informe adicional, de hasta dónde podemos llegar en los pagos a Hacienda y Seguridad Social, y que se les va a enviar, porque lo que no queremos es engañar a nadie. Lo fácil hubiese sido pedir un convenio, como los tres que se han incumplido en la anterior legislatura, con los que lo único que se consiguió fue la pérdida de la credibilidad de este Ayuntamiento».

La alcaldesa señaló que «lo que estamos buscando es una solución dentro de la ley. Vamos a luchar y a pelear hasta el final. Ahora lo que toca es trabajar con seriedad y apretarnos el cinturón». Igualmente, destacó que «todos los trabajadores van a cobrar, pueden tener esa completa seguridad. Lo que no podemos aventurarnos es a dar una fecha, porque no queremos despertar expectativas que no se cumplan, pero pagar se va a pagar, y vamos a intentar que sea lo antes posible».