El fiscal pide cinco años para una pareja que vendía droga de manera habitual

Carmen G. B. es limpiadora y su marido, Alejandro R. F. R, se encuentra en desempleo. Esta es la versión oficial de la vida laboral de una pareja, que bien podría ser cualquier otra. Sin embargo, según la Unidad de Estupefacientes de la Comisaría de Jerez las posesiones de ambos (televisores de plasma, vehículos de alta gama y electrodomésticos de última generación, entre otros) hacen presagiar que el dinero entra a espuertas por esa casa, más allá de los cauces legales.

Así consta en la calificación del fiscal, dentro del procedimiento por el que hoy se sentarán los dos en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez, acusados de un presunto delito contra la salud pública. Para cada uno de ellos, el Ministerio solicita cinco años de prisión. Como consta en la calificación, en el domicilio de la pareja de la calle Flecha, del Polígono San Benito, los dos se dedicaban a comercializar presuntamente con cocaína, pastillas y hachís.

Las ventas se producían a través de una ventana exterior, delante de la que siempre se colocaba un tendedero lleno de ropa a fin de dificultar la visión de terceros. A raíz de los conocimientos que la Policía comenzó a tener sobre la supuesta actividad delictiva, el 15 de marzo de 2010 se puso en marcha un operativo que se prolongó en días alternos hasta dos meses más tarde.

Durante el mismo y siempre según el fiscal, los agentes observaron cómo diversas personas se acercaban a comprar fundamentalmente papelinas hasta que las evidencias posibilitaron la obtención de una orden judicial para efectuar una serie de registros. El 20 de mayo el operativo supervisó a fondo el domicilio, interviniendo en su interior casi 600 gramos de hachís; un kilo de marihuana y diez pastillas de trankimazin, además de 1.634,84 euros en metálico.

Fue entonces, como figura en el escrito del fiscal, cuando los agentes constataron que a pesar de «no tener medio de vida conocido», contaban con propiedades de un valor considerable. Por todo ello, el Ministerio pide cinco años de prisión por un delito contra la salud pública. Los imputados, por otro lado, no tienen antecedentes computables para esta causa.