El padre de uno de los supuestamente estafados por la entidad financiera Credijerez, Luis S., será «nuevamente» juzgado el próximo día 15 en Jerez acusado de un presunto delito de coacciones y seis delitos de quebrantamiento de medida cautelar y para el que la acusación particular, representada por el propietario de Credijerez, pide además una indemnización que supera los 480.000 euros.
La comisión de apoyo a los afectados por Credijerez explica en un comunicado que, paralelamente, se celebrará a las puertas de los juzgados de la avenida Álvaro Domecq una concentración antes del juicio, que dará comienzo a las 10,00 horas, al considerarlo «injusto» y «desproporcionado».
Los hechos, según precisan, se remontan a 2006, cuando el hijo del acusado es supuestamente estafado por Credijerez por un importe de 25.235 euros. Seguidamente aparecerían otras familias que también serían presuntamente estafadas, llegándose incluso a enajenar las viviendas de algunas.
Según precisa la reseñada comisión, la «falsa propaganda» realizada por la entidad financiera atrajo a familias que atravesaban por una situación de crisis económica y esperaban que con la reunificación de los préstamos pudiesen superar la situación.
Idéntico procedimiento
Indican asimismo que el procedimiento de la entidad financiera era «siempre el mismo», ya que primero se aseguraban de que el afectado tuviese una vivienda en propiedad para después solicitar un préstamo destinado a pagar las deudas del R.A.I. y Asnef, prometiendo pedir otro después para reunificar los préstamos, «aunque éste nunca llegaría».
En todo el proceso concedían el préstamo «por un tiempo máximo de seis meses y con un interés de demora del 30 por ciento», facilitado por «particulares usureros» que durante el conflicto «impidieron» que se realizara campaña de denuncia alguna.
Desde la comisión de apoyo a los afectados por Credijerez aseguran que durante los seis años que dura el conflicto los juzgados han archivado en varias ocasiones la denuncia del hijo de Luis S., al entender «que no hay indicios de delito por presunta estafa».
Además, critican que el juzgado llegase a dictar auto de prohibición y alejamiento contra Luis S. «impidiéndole por tanto realizar campaña de denuncia pública alguna».
Mientras, el resto de las familias afectadas por la supuesta estafa en diferentes localidades de la provincia de Cádiz que formularon denuncia contra la entidad financiera «siguen esperando a que termine la investigación y el proceso de instrucción» y que se presente «formalmente» acusación contra el propietario de la extinta mercantil, en la actualidad acusación particular.
