El Gobierno rechaza de plano las críticas al Supremo porque socavan la democracia

El Gobierno dio un puñetazo en la mesa ante la avalancha de críticas al Tribunal Supremo por la condena a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón. La vicepresidenta denunció que aquellas fuerzas políticas que atacan al alto tribunal «cuestionan» la democracia porque el sistema es un todo. El Consejo General del Poder Judicial también levantó la voz para responder a las «intolerables e inadmisibles» reacciones contra los magistrados del tribunal juzgador.

El fin de la carrera profesional de Garzón en España dividió como pocas veces a las fuerzas políticas y al mundo judicial. Para el Gobierno, el tenor de las críticas sobrepasó los límites exigibles en democracia e hizo un llamamiento a «la responsabilidad» y reclamó respeto a la sentencia. Soraya Sáenz de Santamaría sostuvo que cuando «se cuestionan las instituciones democráticas», y el Supremo es una de ellas, «se cuestiona la democracia misma». España, apuntó, es un país democrático con separación de poderes y no se puede censurar a uno de ellos sin que se tambalee todo el entramado democrático.

La 'número dos' del Ejecutivo se mostró «preocupada, y mucho», por una segunda vertiente de la virulenta respuesta a la decisión del Supremo, «la imagen» de España en el mundo. Señaló que con las críticas desaforadas se traslada «fuera de nuestras fronteras» la fotografía de un país que no respeta los principios democráticos que «no es real, no es España». Exigió, por tanto, «respeto» a la sentencia porque «respetar los tribunales es respetar la democracia». Las sentencias, agregó, pueden gustar «más o menos», pero un responsable político no puede ni debe descalificarlas ni arremeter contra la institución juzgadora.

También el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se quejó de las críticas y del tono «inapropiado» de las mismas por el hecho de que hayan condenado a un juez. «Aquí todos somos iguales ante la ley, aunque uno se llame Baltasar Garzón», sentenció. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, cerró asimismo filas en defensa del Supremo y su sentencia porque lo que se ha juzgado es un hecho concreto, las escuchas a los abogados de los acusados de la trama Gürtel, y no una carrera profesional.

El Consejo General del Poder Judicial también se hizo escuchar. Su portavoz, Gabriela Bravo, protestó por los ataques «personales» a los miembros del tribunal que «ha dado muestras evidentes de ser imparcial e independiente». Denunció que algunas críticas que hablan de venganza de unos magistrados contra el juez de la Audiencia Nacional han sido «intolerantes e inadmisibles» porque Garzón fue juzgado con «todas las garantías» y tras la condena no subyace «ningún tipo de ideología».

La expulsión, el martes

Los llamamientos a la mesura no surtieron efectos entre los críticos con la condena, que prosiguieron con los ataques al Supremo. Pero tampoco en el propio PP, donde el presidente de las Cortes de la Comunidad Valencia y exdirector de la Policía, Juan Cotino, señaló que el tribunal ha demostrado que Garzón «confundió su trabajo como juez con el recuerdo de su etapa como diputado socialista». El expresidente de esa misma comunidad Francisco Camps señaló que no pensaba perder «ni un solo minuto» en comentar la sentencia.

El juez, entretanto, solo aguarda a que su expulsión de la carrera judicial se oficialice. Y eso ocurrirá el martes. Ese día, el Consejo General del Poder Judicial espera tener en su poder la sentencia inhabilitadora del Supremo y hará efectiva la expulsión. Ya no volverá al Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional aunque en España podrá ejercer la abogacía y participar en los foros internacionales. Tiene, según fuentes próximas al todavía magistrado, varias ofertas de trabajo en distintos países, sobre todo de América Latina, y puede plantearse volver al Tribunal Penal Internacional, donde ha colaborado con la Fiscalía que dirige el argentino Luis Moreno Ocampo.