Creado en 2002, es el más sencillo de aplicar y el más utilizado. Aunque no necesita justificación expresa, el empresario suele alegar causas disciplinarias pero reconoce de antemano su improcedencia para evitar un proceso judicial y los salarios de tramitación. La indemnización es de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades o, para los contratos de fomento del empleo firmados a partir de la reforma de 1997, de 33 días con un tope de 24 mensualidades. De los 700.000 despidos individuales del año pasado, 465.000 fueron de este tipo.
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