Los juzgados gaditanos arrastran 94.000 asuntos pendientes de resolver

Entre las medidas propuestas por el Gobierno central y el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para renovar la Justicia, una de las destacadas ha sido sin duda el anuncio de un copago judicial, que grave con tasas y depósitos a los ciudadanos que quieran recurrir las decisiones judiciales con las que no estén de acuerdo. El objetivo aparente es disuadir a quienes supuestamente abusan de los recursos, y reducir así la elevada litigiosidad, es decir, la excesiva carga de trabajo que soportan los juzgados, cada vez más atascados.

En la provincia de Cádiz, el colapso judicial no para de crecer, a pesar de que a lo largo de 2011 la actividad judicial -esa litigiosidad- experimentó por primera vez en años un ligero alivio y el número de asuntos que los órganos judiciales ingresaron a lo largo del año fue menor con respecto al ejercicio anterior.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el tercer trimestre de 2011, la cantidad de asuntos ingresados fueron 179.916, es decir, un 2% menos que en el mismo periodo de 2010.

A pesar de este leve descenso de la carga de trabajo, los juzgados apenas lo notaron, dado el colapso que ya arrastraba de años anteriores. De este modo, los órganos judiciales gaditanos acabaron a finales de septiembre con algo más de 94.000 asuntos pendientes aún de resolver, lo que supone unos 3.500 más que en las mismas fechas de un año antes.

Por supuesto, la bajada de carga de trabajo no ha afectado a todos los órganos por igual. Por ejemplo, el único juzgado de lo Mercantil de la provincia ingresó 708 casos en los nueve primeros meses 2011, casi tantos como en todo el año anterior. Y se han incrementado la litigiosidad en juzgados de Familia, y en las secciones de lo civil y lo penal de la Audiencia Provincial. En el resto, la bajada es generalizada.

Cabe preguntarse si el copago anunciado por el Gobierno puede solventar este problema. Según profesionales de la Justicia consultados por este periódico, la medida plantea muchas dudas. En primer lugar, por las trabas legales y constitucionales que puede suponer reducir el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, sobre todo en la vía penal, ya que supondría «victimizar» aún más a las víctimas que recurran sentencias que les perjudica. Pero sobre todo, por el riesgo de que este tipo de tasas de poca cuantía no tengan el efecto disuasorio buscado y en cambio acaben empeorando la imagen de la Justicia ante la opinión pública.

El 'copago' y las tasas

José Eduardo Sánchez Romero, decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, cuestiona en primer lugar que exista un «abuso de la Justicia» por parte de los ciudadanos. Un punto de vista que comparten jueces de la provincia consultados. «Es verdad que hay litigiosidad con la crisis, pero no es un capricho de la gente; si la Justicia no funciona es porque no se han puesto los medios, ni están dispuestos a ponerlos», considera Sánchez Romero, que recuerda que en la actualidad ya existen depósitos para gravar los recursos y las apelaciones similares a los anunciados por el Gobierno.

De hecho, el 'copago' en la segunda instancia se aplica en la jurisdicción civil -la más saturada desde que comenzó la crisis- desde el año 2009, y las tasas judiciales se cobran desde el año 2003, aunque solo a personas jurídicas que tengan un volumen de facturación superior a los ocho millones de euros. En la práctica solo lo pagan los bancos, las aseguradoras, grandes constructoras y multinacionales. Con la nueva reforma, ese tipo de depósito (que se devolvería si el recurso prospera) se aplicaría también a los ciudadanos de a pie, excepto para aquellos que por su nivel de renta tengan derecho a la Justicia gratuita, como abogados de oficio. Las tasas actuales son simbólicas: de entre 25 y 50 euros.

Existen además otros filtros para impedir que a los juzgados lleguen recursos temerarios, por minucias: según explican fuentes judiciales de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz -sin duda, los más saturados de la provincia, con una media de 936 asuntos pendientes por cada juez -, para presentar un recurso de apelación en esta jurisdicción, la cuantía del dinero que se reclama debe ser superior a los 30.000 euros. En los últimos meses se ha impuesto, además, que todos los que pierdan un recurso en la jurisdicción civil (incluidas las administraciones) deberán pagar las costas del juicio, lo que sin duda hará pensárselo a muchos que recurran por recurrir, por ganar tiempo, o porque piensan que sale gratis.