Urdangarin, imputado por sus negocios en Baleares y Valencia

Iñaki Urdangarin Liebaert se convirtió ayer en el primer miembro de la Familia Real imputado en un proceso penal en la historia de España. Los cargos, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad documental, prevaricación y evasión de impuestos, están penados con cárcel. Se le acusa de haberse «apoderado» de, al menos, seis millones de euros de dinero público a través del Instituto Nóos, la fundación sin 'ánimo de lucro' que el yerno del Rey y su socio, Diego Torres, usaron hasta el verano de 2006 para conseguir millonarios contratos del Gobierno balear de Jaume Matas y del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps, amén de otras decenas de instituciones privadas.

El duque, en principio, comparecerá ante el juez de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro Aragón, el 6 de febrero a las nueve de la mañana. El instructor, no obstante, le ha dado la posibilidad de adelantar su comparecencia, un gesto completamente inusual para con un imputado. El marido de la Infanta Cristina no podrá evitar este trámite puesto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal solo permite a los miembros de la Familia Real declarar por escrito en condición de testigos, nunca de imputados.

«Orden de detención»

El juez recuerda al yerno de don Juan Carlos que si no comparece o no esgrime una «causa legítima» para no acudir a la declaración judicial, la citación podría convertirse en «una orden de detención».

Castro, además de formalizar la acusación contra Urdangarin, ha levantado el secreto sumarial sobre los 2.000 folios que componen ya la denominada 'pieza 25' del 'caso Palma Arena', más conocida como 'operación Babel', la investigación que el magistrado abrió el pasado 22 de julio tras descubrir los turbios negocios de Matas con la fundación del exdeportista.

En el auto hecho público ayer, Castro anuncia a Urdangarin que deberá explicar la «fórmula negocial» que orquestó para hacerse «perceptor de fondos públicos», así como «el destino y tratamiento fiscal que se le haya dado» a ese dinero recibido de manos de los gobiernos de Baleares y Valencia. Pero también -añade el magistrado- el duque de Palma deberá desvelar «las personas que han participado» en la trama o que se han «beneficiado» de esos contratos.

Según la investigación, en el caso de Baleares, Urdangarin y Torres se embolsaron 2.594.038 euros por las ediciones que organizaron en 2005 y 2006 del Forum Illes Balears, dos cumbres deportivo-turísticas adjudicadas a dedo por el Gobierno de Jaume Matas al Instituto Nóos. Los primeros cálculos apuntan a que 1,4 millones de ese total acabaron en poder de las empresas controladas por Urdangarin, quien apenas ha podido presentar facturas para justificar poco más de un millón de euros. La adjudicación de esas jornadas a Nóos está plagada de irregularidades. Ni siquiera se celebraron reuniones oficiales para dar el concurso, como ha reconocido el propio Matas.

El segundo asunto que deberá aclarar el yerno del Rey es el gran 'pelotazo' de Nóos. La celebración de las tres ediciones del Valencia Summit, en 2004, 2005 y 2006, unas reuniones internacionales sobre turismo y deporte que sufragaron la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa) del Gobierno autónomo y la Fundación Turismo Valencia, perteneciente al consistorio. Esos contratos -que a diferencia de Baleares sí que fueron transparentes- supusieron un desembolso público de 3,1 millones pues garantizaron a la fundación que por entonces presidía el duque un 'canon' anual de 1,04 millones, 900.000 euros más IVA, por cada uno de los tres años de las reuniones deportivas. Además de esta cantidad por los Valencia Summit, el Ejecutivo de Camps firmó otro contrato con Urdangarin para que la ciudad albergara unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse, y por el que Nóos se embolsó 382.203 euros.

«Tratamiento fiscal»

El juez del 'caso Palma Arena' está particularmente interesado en el «tratamiento fiscal» de esos millonarios negocios, un eufemismo jurídico para referirse a la evasión de capitales. Según la investigación, buena parte del dinero que salió de las arcas de los gobiernos autonómicos pudo ser desviado al extranjero, en particular a Belice, a través de la empresa De Goes Center For Stakeholder Management, una mercantil dirigida por un testaferro de Urdangarin y que, supuestamente, fue usada por la trama para evadir a Belice al menos 650.000 euros, aunque los planes eran utilizarla para sacar hasta cinco millones.

El marido de la Infanta Cristina no será el único que pase ante el juez Castro para explicar los 'pelotazos' de Baleares y Valencia. Antes que él, el 5 de enero, serán interrogados el propio Torres, quien ya declaró en julio sobre este asunto; su mujer, Ana Tejeiro; y sus dos cuñados, Marco Antonio y Miguel Tejeiro. Junto a ellos comparecerá como imputado el abogado Salvador Trinxet, asesor de la familia Torres-Tejeiro.

Mientras, el 25 de enero será el turno de los altos responsables del Gobierno de Matas que firmaron los acuerdos para la adjudicación de los Forum Illes Balears, el exdirector general de Deportes del Govern y amigo de Urdangarin, José Luis 'Pepote' Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Juan Carlos Alía.