Piden más garantías para estudiar la gestión directa de la ayuda a domicilio

El último pleno ordinario del año no dio para mucho, y a ratos estuvo descafeinado con una sucesión de puntos que ya venían más que debatidos en las comisiones informativas (es el caso de las ordenanzas fiscales). Por eso las primeras horas de la sesión de ayer pasaron sin pena ni gloria, y todos pensaban ya que el verdadero debate se estaba guardando para la cita del viernes, cuando en pleno extraordinario se tendrán que aprobar los presupuestos de 2012.

Pero la cuestión era que la madre del cordero de la jornada de ayer se escondía al final del orden del día, cuando salieron a la palestra dos cuestiones relacionadas con la ayuda a domicilio: por un lado la propuesta conjunta de la oposición para reprobar la actitud del gobierno el día del encierro de las trabajadoras de Acasa en el Ayuntamiento, y por otra la de IU instando a la gestión directa de este servicio.

Fue en el primero de estos puntos donde más se elevó el tono. Eso sí, el debate al final fue baldío porque ni la oposición logró sacar adelante su anunciada reprobación al gobierno local por el «trato vejatorio y humillante» dado a las empleadas o su intención de que se retirara la denuncia por allanamiento, ni el ejecutivo de María José García-Pelayo pudo aprobar su enmienda a la totalidad en la que pretendía defender su actuación calificándola de «ajustada a derecho, prudente y proporcionada». Tras el debate, la oposición en bloque retiró su petición y así también se quedó sobre la mesa la enmienda.

Como bien resumió ayer la situación la edil de IU, Aroa Lobo, en su contestación al portavoz municipal, Antonio Saldaña, «cada uno cuenta su versión de los hechos». Por eso, desde el PP se esforzaron en centrar la mirada en la base del problema, en la necesidad de soluciones para la financiación de este servicio, y no en este hecho puntual. Además, Saldaña negó de nuevo que se prohibiera a las trabajadoras encerradas el pasado día 14 ir al baño o comer -«podían ir pero luego tenían que irse a casa»- y apuntó que «lo verdaderamente vejatorio ha sido el desvío de fondos del PSOE y el retraso de la Junta a la hora de pagar».

Desde IU, Lobo criticó la «mezquindad» y la «desproporción» de lo ocurrido, mientras que el edil del Foro, José Ramón Alonso, advertía al PP de que «desvirtuaba el debate de lo ocurrido» al volver al aspecto económico cuando de lo que se trataba es de analizar lo actuación municipal en un episodio en el que «les perdieron las formas».

Por su parte, desde el PSOE Miriam Alconchel entró al trapo de las pullas de Saldaña -durante un buen rato se cruzaron reproches, como también destacó IU- y criticó al ejecutivo el intento de «manipular la situación cuando ustedes ya utilizaron la fórmula del encierro en la anterior legislatura» y de «criminalizar a la Junta».

Con los ánimos ya caldeados y el campo abonado, se inició el debate de la propuesta de IU sobre la posibilidad de rescatar el servicio de la ayuda a domicilio y prestarlo desde lo público. Y aquí, de forma casi tan rocambolesca como en el anterior punto, se pasó de la propuesta de IU a la enmienda a la totalidad del PP, para terminar con un texto conjunto que fue el que se aprobó por unanimidad y en el que se plantea el cambio en el modelo de gestión «si la Junta cumple los términos del convenio con el Ayuntamiento de Jerez para la prestación del servicio».

Es decir, como resumió ayer la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, «sin garantías del cien por cien de la financiación y los plazos será difícil recuperar el servicio», sobre todo porque la situación de las arcas municipales «no da ahora ni para pagar siquiera la nómina municipal». Por eso, en un principio la regidora habló de tomarse el plazo de seis meses hasta junio -cuando acaba el contrato con Acasa- para estudiar la situación.

A eso le respondió el edil de IU Joaquín del Valle, sin duda el más beligerante en este punto, pidiendo «seriedad» y menos «cachondeo» a la hora de plantear soluciones a los impagos a esta plantilla, sobre todo porque ya se había aprobado en plenos anteriores la petición a la Junta de que ajuste los precios del servicio.

Del Valle le pidió al gobierno que demuestre que «la gestión directa propuso el texto que se aprobó y que da los primeros pasos para estudiar el rescate. Como dijo la regidora: «No nos negamos a la municipalización pero con una garantía de que la administración que tiene la competencia no nos deje tirados».