A juicio un falso gestor que cobraba a inmigrantes por trabajos ficticios

Tenía un plan perfectamente orquestado por el que en poco tiempo se hizo presuntamente con un suculento botín a través de una estafa. Sus víctimas eran sobre todo inmigrantes irregulares, algunos de los eslabones más débiles de la cadena social que necesitaban a toda costa un trabajo que a su vez les proporcionara papeles de residencia, y por lo que estaban dispuestos a pagar importantes sumas de dinero. Al menos eso es lo que considera el fiscal, que ha solicitado 14 años de prisión para el supuesto cabecilla de la trama, que se sentará en el banquillo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Jerez junto a otros tres imputados del 16 al 20 de enero.

Como figura en la calificación del Ministerio, el principal acusado, Juan Jesús G. L, era titular de una asesoría fiscal y contable en la calle Guarnidos desde la que dirigía su presunta actividad ilegal en los años 2000 y 2001. Era en su oficina donde, «con ánimo de obtener una ganancia ilícita», el procesado contactaba con numerosos ciudadanos de origen extranjero (fundamentalmente mujeres sudamericanas y de Europa del Este que trabajaban en clubes de alterne) y que como ya se ha señalado se encontraban en situación irregular.

Según el fiscal, el individuo se hacía pasar en ocasiones por abogado y en otras por gestor administrativo pese a carecer de estas titulaciones y les realizaba ofertas de trabajo que resultaban ser falsas, firmadas supuestamente por distintos empresarios «ajenos a todas sus argucias». El quid de la cuestión radica en que ofrecía todo ello a cambio de cantidades que oscilaban entre las 30.000 y las 80.000 pesetas, prometiéndoles además que obtendrían la documentación necesaria para el permiso de trabajo y la residencia legal en España.

Víctimas necesitadas

Como consta en el escrito, Juan Jesús explicaba a los inmigrantes que de ese dinero entregado, 10.000 pesetas eran sus honorarios y el resto iba directamente al bolsillo del empresario que hacía la oferta, por lo que el fiscal le acusa de conocer y aprovechar la situación de necesidad de estas personas que, coincidiendo con los cambios de legislación, habían oído hablar de que se iba a regularizar a multitud de extranjeros.

En lo que respecta a los empresarios, el cabecilla utilizaba supuestamente los datos de los clientes a los que en algún momento les realizó gestiones administrativas para confeccionar nóminas, ofertas, contratos de trabajo y todo el papeleo que requiriese. Así, firmaba por ellos (en la calificación aparece el nombre de casi una treintena de perjudicados) y presentaba los contratos ficticios en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, obteniendo una copia de la documentación que remitía a los inmigrantes.

El fiscal tampoco deja escapar el hecho de que, al ocultar a los interesados que los contratos eran ficticios, les escondía también las consecuencias de lo que ello podría acarrearles si fueran descubiertos: salida obligatoria en un máximo de 15 días y si no, expulsión. A mediados de 2001, su negocio engordó presuntamente con las cartas de invitación, por las que el extranjero consigue un visado de visita a España asumiendo el compromiso de pagar los gastos de repatriación si no regresa a su tierra.

El imputado comenzó entonces a cobrar por enviar estas cartas a distintos países llegando a pedir incluso 20.000 pesetas por cada documento, sin que nunca entregara los recibos de las cantidades cobradas. Para hacerse con la clientela, era habitual que acudiera a clubes de alterne de la provincia e incluso de otras como Málaga y Huelva; algunos con los que contactaba acababan siendo sus colaboradores y le ayudaban a captar a compatriotas en situación ilegal.

232 expedientes falsos

Durante los registros efectuados en la asesoría, la Policía llegó a encontrar 232 expedientes relacionados con esta presunta estafa e intervino casi un millón de pesetas que en ese momento se encontraba en posesión del principal acusado. En cuanto al resto, el Ministerio afirma que su hermano, Alberto G. L; Jaime A. S. y José María P. G. participaban de la actividad ilícita con él permaneciendo en la oficina en su ausencia, acompañándole a los clubes, haciendo labores de chófer e incluso firmando algunas cartas de invitación.

Por todo ello, al ideólogo de la trama se le imputa un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, para lo que Fiscalía solicita tres años de prisión; otros siete años por un presunto delito continuado de estafa; tres por un presunto delito de falsedad y uno por un presunto delito de intrusismo, lo que eleva el montante total a 14 años de cárcel, más indemnizaciones iguales a cada cantidad supuestamente estafada. El resto de procesados se enfrenta a penas de un año y nueve meses de prisión por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores; una presunta estafa continuada y un presunto delito de falsedad continuado.