La marcha recorrió las principales calles del centro bajo el lema «no somos mercancías, las personas primero». :: ANTONIO VÁZQUEZ
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Cerca de 500 gaditanos salen en defensa de los Derechos Humanos

Los manifestantes denunciaron en la plaza San Juan de Dios que sus artículos «se han convertido en papel mojado»

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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Los Derechos Humanos no pasan por su mejor momento. No hace falta irse a países lejanos, como Egipto o Palestina, para comprobar cómo algunos artículos corren el peligro de ser vulnerados día a día. Sin ir más lejos, la provincia de Cádiz, con su alta tasa de paro, «pasa por una situación dramática» como denunciaron ayer los representantes de diversos colectivos. Cerca de 500 personas (300 según estimación policial) salieron ayer a la calle para alertar a la ciudadanía de que la actual crisis económica «puede acabar con los derechos más básicos como el acceso a la sanidad, la educación o la vivienda».

Minutos después de las doce del mediodía, la comitiva partió de la plaza de San Antonio bajo el lema «no somos mercancías, las personas primero», para recorrer las principales calles del centro. La proximidad de las fiestas navideñas unido al hecho de que pasaron por las calles más comerciales provocó que en algunas vías más estrechas como Nueva, Columela o Compañía el paso de la manifestación fuera más dificultoso, ante compradores y paseantes que se quedaban a los lados de la calle contemplando el paso de la manifestación. De hecho, la marcha se encontró de frente con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, que como todos los sábados inspeccionaba el estado de la ciudad.

La crisis como excusa

Una vez llegados a la plaza de San Juan de Dios, varios representantes de las asociaciones convocantes leyeron uno por uno los 30 artículos que componen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los echaron a la basura para simbolizar que hoy día «son papeles mojados» ante su falta de aplicación. Tras este simbólico acto, la periodista Libertad Paloma leyó un manifiesto firmado por las 60 asociaciones en el que afirmaron que reivindicaciones como el derecho al trabajo, la salud, el bienestar y especial la alimentación, la vivienda o la asistencia médica «no son propuestas propias del movimiento 15M» ni de otro grupo revolucionario, sino elementos básicos que se aprobaron hace ya 63 años.

En el escrito que leyeron, se hicieron eco de la actual crisis económica que «lejos de servir para que se les pongan riendas a los mercados financieros, está sirviendo para romper los discretos avances en derechos sociales, que, en buena medida se han limitado a los países del capitalismo desarrollado». Las asociaciones criticaron algunas acciones llevadas a cabo por los gobiernos nacionales, como la reducción del presupuestos en proyectos de cooperación al desarrollo con la «condena a más de 24.000 personas al día a que mueran de hambre». A juicio de los colectivos, «estamos ante un claro retroceso de los derechos de las personas, estos derechos no sólo se estancan sino que se recortan brutalmente». Hablaron de las ayudas al exterior y también se centraron en los propios problemas de la provincia «cuya situación dramática afecta a decenas de miles de familias al tener la tasa de paro más alta de toda España». Los colectivos denunciaron ayer que la falta de ingresos en las familias gaditanas propician que se pongan en riesgo sus derechos, como por ejemplo el de acceso a la vivienda, al sentirse incapaces de pagar las hipotecas.

Las 60 asociaciones presentes se refirieron también a las políticas realizadas por el Gobierno Central como la modificación de la Constitución Española para poner un techo al déficit sin consulta popular mediante referéndum o el «nombramiento en Europa de gobiernos por imposición de los mercados». Ambas iniciativas, señalaron, «son señales de alerta que hay que tomarse con enorme seriedad pues se está poniendo en peligro la existencia misma del sistema democrático».

El manifiesto concluyó dejando claro que la ciudadanía «no debe aceptar que el Estado dimita de su responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, ni que la salud o la educación se conviertan en materia de negocio privado».

La manifestación acabó de forma pacífica, tal y como empezó, y con el recuerdo de que «las personas deben estar en primer lugar para poder construir una sociedad de solidaridad, de justicia y de respeto hacia todos».