«La oficina judicial tiene que renovarse cuanto antes. Está claro que el sistema actual no funciona»

Sigue impartiendo justicia, aunque desde que fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial está liberado un 25% de sus funciones habituales para dedicarse a la gestión de los medios con los que cuentan jueces y funcionarios. Que son más bien escasos, aunque afronta con energía el reto de aportar su grano de arena para mejorar el sistema.

-¿Qué se encontró cuando llegó a la presidencia de la Audiencia hace nueve meses?

-Me encontré una Audiencia modélica, perfecta. Fruto de dos cosas: en primer lugar una carga de trabajo razonable. Es decir la ratio de asuntos por magistrado es correcta. No es que sea poco trabajo, pero desgraciadamente estamos acostumbrados a que los temas judiciales estén sobresaturados. Lo deseable es tener lo que hay aquí. Y el segundo factor es que el nivel competencial y la calidad personal y profesional de cuantos aquí trabajan, y muy especialmente de sus magistrados, es excelente.

-¿Cuándo se implantará por fin la oficina judicial?

-Pues no tenemos noticias. La oficina judicial tiene que renovarse, porque el sistema actual no funciona. Eso está claro. Lo que no lo está tanto es qué sistema debe implantarse. El actual equipo ministerial ha hecho un esfuerzo muy importante para su implementación en los sitios en que ha entrado en funcionamiento. Y es verdad que han surgido muchos problemas, pero yo soy optimista porque creo que son las dificultades propias de algo que empieza, que es una auténtica revolución. El tiempo ayudará a ir solventándolas.

-Bueno, los problemas propios de algo que empieza y encima que lo hace en plena crisis, con las limitaciones presupuestarias que eso conlleva, ¿no?

-Eso ya es el colmo y evidentemente nos afectará. Tradicionalmente a la Justicia no se le ha dedicado prácticamente dinero. De un tiempo a esta parte se le ha dedicado muchísimo más, pero no lo suficiente, porque partíamos de una base ridícula. Sé que la oficina judicial tiene muchos detractores, pero si no es esta, alguna se tendrá que implantar. El gran problema que están detectando todos los que ya la manejan es que todo está pensado para un expediente digital y, hoy por hoy, eso no existe. Convivir el papel con esta nueva forma de trabajar es complicado.

-¿Qué se puede hacer para acabar con el colapso de los juzgados?

-El gran problema de la Justicia española es el exceso de litigiosidad. En el año 99 en España se registraban seis millones y medio de asuntos. En 2009, diez años después, nueve millones y medio de asuntos. El doble. Y evidentemente no se ha incrementado en un 50% los medios con los que contamos.

-¿Y por qué se duplica esa cifra?

-Pues eso lo podría responder mejor un sociólogo. Yo no lo sé, aunque pienso que hay diferentes motivos. No existe cultura de mediación, todo se ha judicializado en exceso. Quizá los medios de comunicación tengan también su cuota de responsabilidad, porque se transmite a la opinión pública malos ejemplos de gente que arregla asuntos que nunca deberían pasar por un juzgado. A veces se abusa también del beneficio de la justicia gratuita. Y también creo que existe cierta crisis de valores que también se traduce en esto. Hace años, una palabra de honor o un estrechamiento de manos era algo que iba a misa. Y hoy en día desgraciadamente las cosas no funcionan así. Y también por supuesto, hay menos jueces de los que debería haber. Sin embargo hay suficientes funcionarios, pero la estructura tan obsoleta que tenemos impide hacer un buen reparto de los mismos.

-¿Y aquel intento que hubo de trabajar por las tardes de forma voluntaria para aliviar algo?

-Sí, sí, existe. Y algo ha aliviado. Se da una pequeña gratificación que no es para tirar cohetes, pero hay gente a la que le viene bien.

-La última memoria del TSJA, en abril, hablaba de 47.000 casos sin resolver en la provincia. Demasiados, ¿no?

-Efectivamente, son demasiados, aunque cada año se resuelven más que el año anterior. Pero ojo, la Justicia requiere tiempo. Se trata de un sistema en el que un señor plantea una reclamación, hay que dar un plazo amplio para que se conteste, hay que dar otro plazo para plantear todo tipo de cuestiones, abrir un periodo probatorio, celebrar un juicio, dictar una sentencia, esa sentencia tiene un recurso... eso es mucho tiempo.

-Pero si hubiera más jueces los tiempos se reducirían...

-Eso está clarísimo, pero los asuntos no se pueden resolver en 15 días.

-¿Veremos algún día la Ciudad de la Justicia de Cádiz?

-Hombre, yo creo que sí. El principal problema en Cádiz es el del suelo, y ya está solucionado. El proyecto existe y ahora el contratiempo más grave, que era mover de allí las oficinas del Inem, también está arreglado. Con lo cual queda licitar la obra y empezar a ejecutarla. Lo que está claro es que vamos a ganar muchísimo, sobre todo los profesionales.

-¿Qué piensa cuando se le vienen encima juicios como el del caso Karlos?

-Para mí lo lamentable es que ese caso tenga la relevancia social que tiene. No me pregunte de quién es culpa porque no le voy a contestar, aunque tengo mi opinión.

-Es culpa de los medios de comunicación, o de algunos de ellos.

-Evidentemente. Aunque aquí estaban todos, los serios y los no tan serios. Y si al final eso se produce porque este tipo de procedimientos son un magnífico negocio para los medios, yo no vería mal que los costes que ha tenido que afrontar la Junta de Andalucía para poder retransmitir el juicio los pague quien hace dinero con ello. Lo que le aseguro es que ese asunto, jurídicamente, no tiene el más mínimo interés. Ninguno. Es de una vulgaridad técnica absoluta. Entre los que se sentaban en el banquillo yo no he visto ninguna persona que tenga una relevancia pública reconocida. No he visto ningún premio Nobel. Y como pese a ello eso ha tenido un coste y aquí no hay dinero para nada, eso coste de cablear, habilitar una sala especial... lo deberían haber asumido los medios de comunicación.

-Dígame que en el caso de Marta del Castillo no hay tres niñatos burlándose de la Justicia y de toda España.

-No cabe ninguna duda de que ese es el sentir de todos los ciudadanos. No obstante hay que significar que desde un punto de vista procesal el no revelar el lugar donde se encuentra el cadáver es una estrategia empleada en ciertas ocasiones en procedimientos judiciales por delitos de esta naturaleza para obtener ciertos beneficios si la sentencia fuese, en su caso, condenatoria. Esto es algo que, una vez celebrado el juicio, nos contarán los hechos probados de la sentencia, que determinarán la verdad oficial fruto de una investigación concienzuda y del trabajo de muchos profesionales. Policía, forenses, jueces, fiscales, personal de justicia y muchos otros que han actuado con dedicación, sensibilidad y tesón. Tampoco es descartable que sea decisión exclusiva de los acusados y ajena a sus letrados. En cualquier caso, es el precio a abonar por vivir en un estado de derecho y en democracia. El derecho de defensa es sagrado y como tal hay que aceptarlo, aunque a veces nos cueste admitirlo. Ante todo espero que el dolor de la familia y amigos de Marta del Castillo se pueda ver mitigado con la aparición del cuerpo para que por fin puedan llorar su ausencia a cuerpo presente y Marta pueda descansar en paz.