El PSOE critica el «cinismo» del PP con la incompatibilidad de los alcaldes

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, considera que el PP-A es un ejemplo de «cinismo e hipocresía» en relación a la incompatibilidad de cargos públicos y aseguró no entender «el nerviosismo» de los populares con respecto a este asunto.

En una rueda de prensa en Huelva, Jiménez respondió así al anuncio por parte del PP-A de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra lo que consideran los populares el «veto y la expulsión» de los alcaldes del Parlamento andaluz.

Jiménez aseguró que los socialistas están «muy sorprendidos» con el nerviosismo del PP-A a raíz del compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de «abundar en la transparencia y en la austeridad y en una mejoría de la participación ciudadana», aspectos que se han concretado en las dos proposiciones de ley presentadas por el PSOE en el Parlamento.

El portavoz socialista lamentó el «doble lenguaje» de un partido que es «ejemplo de cinismo e hipocresía», ya que se opone a una medida que sus compañeros gallegos llevaron más allá pues «además de la incompatibilidad de cargos impide a un alcalde formar parte de una lista al Parlamento».

En este sentido, aclaró que en Andalucía podrán hacerlo y si salen elegidos tendrán que decidir «si son alcaldes o diputados» porque desde el PSOE se considera que «eso es lo que quieren los ciudadanos».

Precisó que el nerviosismo «ha crecido» cuando se ha concretado que la dedicación exclusiva implica «sólo un sueldo», el de parlamentario, punto en el que ha manifestado que comprende que a «personajes» como el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez (PP), que «cobra más que el presidente de la Junta de Andalucía y que, en términos proporcionales es el mejor pagado de España es una mala noticia». Tras insistir en que «no comprenden» el nerviosismo, manifestó que tras él se puede esconder situaciones como las se han conocido en relación al suelo del presidente del PP-A, Javier Arenas, superando los 170.000 euros.

Jiménez valoró esta medida y otras como la eliminación de la pensión a los ex presidentes de la Junta o el escaño 110 que convierte a Andalucía en «vanguardia» en términos de derechos civiles y participación democrática»

Estrategia de engaño

La portavoz regional del PP -A, Rosario Soto, por su parte, ha pedido al PSOE-A que dé «un solo ejemplo» de un alcalde de su partido que sea diputado autonómico y cobre dos sueldos, después de que el diputado nacional por Huelva y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Javier Barrero, se mostrara en contra el pasado jueves, en relación a la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y diputado autonómico, de que un político «tenga dos sueldos y dos cargos».

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañada por el secretario general del grupo popular en el Parlamento andaluz, Jorge Ramos, Soto asegurò que esa posibilidad es «completamente ilegal» y que ningún alcalde del PP que ostente también el cargo de diputado autonómico cobra dos sueldos . «Estas declaraciones forman parte de la estrategia de engaño del PSOE para justificar la cacicada que pretende hacer», añadió

La dirigente 'popular', que ha asegurado que existe una «persecución» contra los alcaldes del PP por parte del Gobierno andaluz y que, además de en la incompatibilidad de los cargos de alcalde y diputado andaluz, ésta se pone de manifiesto en el «bloqueo» a los proyectos de los gobiernos municipales del PP y en la «artimaña fuera de la legalidad» de retrasar la constitución de la Asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

Asimismo, Soto anunció que el próximo día 4 de septiembre se celebrará en Ronda, un Consejo de Alcaldes del PP en el que se abordarán todos estos asuntos y se tomarán decisiones en torno al calendario de movilizaciones en protesta por la incompatibilidad alcalde-diputado, así como también sobre las acciones judiciales que se van a emprender en este sentido.

En esta línea, la portavoz regional del PP -A insistió en que su formación utilizará todas las herramientas que tenga a su alcance para evitar que dicha incompatibilidad se lleve a cabo «sin consenso y al final de una legislatura, rompiendo así las reglas del juego».