Piden tres años para una acusada de estafar 20.000 euros a un amigo

Miguel Ángel G. F, de nacionalidad uruguaya y residente en Estados Unidos, soñaba con labrarse un futuro en España y conseguir una mayor estabilidad para sus hijos. Con ese propósito contactó con María Fernanda L. V, una amiga argentina que vivía en Guadalcacín, y que le prometió llevar a cabo las gestiones necesarias para su establecimiento en Jerez pidiéndole que ingresara 20.000 euros en una cuenta de una sucursal bancaria de la pedanía, con el fin de que dispusiera de ese dinero cuando llegara.

Así presenta el fiscal unos hechos por los que se ha acabado acusando a María Fernanda de un presunto delito de apropiación indebida, ya que está por determinar qué ocurrió finalmente con ese dinero que su amigo transfirió y del que, una vez instalado en estas tierras, nada más se supo. Como se expuso en el juicio que se celebró ayer, una vez que la procesada recibió el dinero dispuso libremente del mismo, aplicándolo a sus propias necesidades.

Cuando, en septiembre de 2006, Miguel Ángel, su esposa e hija llegaron a Guadalcacín y siempre según el fiscal, ella misma les confesó que se había gastado la cantidad y que iba a pedir un crédito para devolvérsela, si bien les desembolsó 900 euros que según ella correspondían a los intereses. El tiempo pasó y la mujer siguió sin hacer frente a la deuda, lo que ocasionó graves consecuencias a la familia, que estuvo viviendo de una forma muy precaria hasta que se vio obligada a abandonar el país.

Penurias económicas

Como trascendió durante la vista, los afectados optaron por regresar a Estados Unidos pero Miguel Ángel fue capturado en la frontera con México y estuvo un año y medio encarcelado, debido a su condición de ilegal. Ahora, desde Uruguay, reclama lo que considera suyo y así lo hizo saber en el juicio a través de una videoconferencia que fue acogida en su país con entusiasmo, al tratarse de la primera de carácter internacional que tramita el sistema judicial uruguayo.

La imputada, por su parte, reconoció que se desentendió de todo el asunto cuando se separó de su pareja, y se limitó a vender ciertos artículos al matrimonio con el fin de que consiguieran algo de liquidez. Durante un tiempo, también ofreció trabajo a la esposa del uruguayo en un pub que regenta, pero la señora, de edad avanzada, no pudo desempeñar esa tarea.

Ante todo ello, la Fiscalía pide dos años y nueve meses de cárcel para María Fernanda, frente a los cinco que demanda la acusación, además de una multa durante nueves meses a razón de 20 euros diarios y el pago del dinero debido al demandante. Asimismo, solicita su expulsión del territorio español en el caso de que no cuente con una residencia legal en el país.