Telefónica eleva la cifra de despidos en España a 8.500 en el plazo de cinco años

Telefónica propone ahora un expediente de regulación de empleo que contempla una reducción de plantilla de hasta 8.500 puestos -sobre un total de 28.000- a lo largo de cinco años, hasta dejarlos en torno a 20.000 a 31 de diciembre de 2015, puesto que el plan contempla la creación de empleo hasta un número máximo equivalente al 5% de la plantilla en ese periodo. El documento, que la operadora entregará hoy en el Ministerio de Trabajo, supone la extensión del plazo y el aumento de las bajas respecto al anuncio inicial, que cifraba las salidas en un 20% de la plantilla de Telefónica de España en un periodo de tres años. La compañía alega la existencia de una «causa económica», con un escenario de ingresos «inexorablemente decrecientes», y añade que la presión de los reguladores condiciona su capacidad competitiva.

Se abre ahora un plazo de un mes para la negociación con los sindicatos. La extensión del plan a cinco años, aunque eleva el porcentaje máximo del recorte total de empleo hasta un 25%, permite vincularlo a un convenio por un lustro en el que la empresa asumiría el compromiso de fijar la plantilla definitiva de la operadora en España, una exigencia de las centrales. El documento-propuesta así lo recoge, al reflejar que la medida de ajuste, además de contribuir a solventar la situación de dificultad de la empresa, «garantiza la estabilidad del resto de contratos de trabajo». Rebaja, además, la cifra de salidas estimadas por cada año: desde 2.170 en el programa trienal hasta 1.700 en el nuevo planteamiento.

La propuesta es abierta, de manera que los trabajadores pueden pedir su inclusión en el ERE voluntariamente. No hay tramos de edad, si bien es previsible que los incentivos económicos, que aumentan con la antigüedad, animen a los más veteranos. Pero la compañía no se apeará del objetivo previsto y advierte de que, si no se cubre, recurrirá a las externalización de determinadas tareas.

Sin recurso al paro

Asegura la operadora que el plan responderá a los principios de universalidad, voluntariedad y no discriminación. Pero la negociación con los sindicatos, y el recelo que el primer anuncio suscitó en el Gobierno, abre un abanico de posibilidades. En expedientes anteriores, la empresa abonó a los trabajadores salientes las cantidades correspondientes para que siguieran pagando las cotizaciones a la Seguridad Social -cuya caja siguió registrando esos ingresos-, pero les 'descontó' las prestaciones de paro que tenían derecho a percibir, y que ellos cobraron.

La coincidencia del anuncio del ERE con la propuesta de 'bonus' a percibir por los directivos de la operadora llevó al Gobierno a plantear que los ajustes realizados en las empresas que presentan beneficios no cuenten con las aportaciones del seguro de desempleo al negociar las condiciones de la salida de los trabajadores. La operadora parece dar por descontado que se le aplicará este principio. Que los empleados cobren las cuantías correspondientes forma parte de la negociación, si bien parece claro que no será este punto el que ponga en riesgo un potencial acuerdo.

El plan social propuesto a los representantes de los trabajadores incorpora, además la creación de empleo equivalente a un 5% de la plantilla como máximo, planes de formación de nuevos perfiles profesionales y programas de reubicación profesional.

Las señales de alarma se encendieron para el grupo de telecomunicaciones con los resultados del pasado año. Los ingresos de la actividad en España descendieron el 5% y, lo que es peor, el beneficio operativo se redujo en un 14,5%.

El presidente de la operadora, César Alierta, defendió la necesidad del ajuste en junta de accionistas. «Sin los expedientes de regulación de empleo, Telefónica estaría quebrada», dijo, en alusión a la reducción de plantilla que acompañó la transformación tecnológica.

A estos argumentos se añaden ahora los aportados en el ERE. A las causas económicas suma las tecnológicas, organizativas y de producción. Y agrega la concurrencia de un motivo que considera «de fuerza mayor en sentido no estricto». La operadora, a la que se considera como dominante en la totalidad del territorio, denuncia que se encuentra seriamente afectada en sus planes comerciales por las condiciones que le impone el regulador.