La reforma del sector público acumula recursos en los tribunales

La reforma del sector público andaluz acumula recursos. Representantes del CSIF y el abogado Manuel Clavero Arévalo, en nombre de varios funcionarios, presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recursos contra los estatutos de ocho de las agencias constituidas hace diez días tras la aprobación de la Ley de Reordenación del Sector Público andaluz. Recursos que se suman a los que presentó el sindicato Safja también ante el TSJA y el PP ante el Tribunal Constitucional contra la ley. Básicamente los argumentos coinciden. Los demandantes, que piden la derogación de la ley y de las agencias, siguen viendo en la norma de la Junta y en la materialización de esta en una decena de agencias públicas regladas de forma mixta, con derecho privado y público, una administración paralela y un coladero como empleados públicos para los más de 25.000 laborales de los antiguos entes instrumentales.

La oleada de recursos ante los tribunales coincide con la convocatoria mañana sábado de una nueva protesta en Sevilla contra la normativa. Los sindicatos de funcionarios convocantes han asegurado que su intención no es interferir en las elecciones municipales, aunque coincide con el ecuador de la campaña electoral. «Si coincide con las elecciones municipales, se trata sólo de pura coincidencia», dijeron a Europa Press fuentes del CSIF.

Para el CSIF, los estatutos de las agencias «vulneran los derechos e intereses» del personal funcionario e incluso relaciona al sistema de entes públicos con el fraude de los ERE, aunque la oposición de este sindicato a la decisión de la Junta de reordenar el sector es anterior al escándalo de los ERE.

Los funcionarios han encontrado en el ex ministro con la UCD y profesor Manuel Clavero un aliado. Clavero ha suscrito un informe en el que argumenta la inconstitucionalidad de la ley, informe que ha sido entregado al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo.

El Gobierno andaluz, por su parte, esperará al desarrollo de los diferentes recursos, pero sigue defendiendo la constitucionalidad de la norma aprobada e insiste en que no es verdad que los laborales pasen a ser funcionarios.