Religión y política

Es de nuevo la religión un asunto de conflicto civil en España? En las últimas semanas se han sucedido incidentes de diversa entidad, entre otros, el asalto a una capilla de la Universidad en Madrid, el prohibido proyecto de manifestación atea el Jueves Santo, y la disputa sobre la presencia de los crucifijos en los centros de enseñanza. La presentación de las cartas credenciales de la nueva embajadora ante la Santa Sede dio lugar a algún reproche del Sumo Pontífice sobre la indiferencia de las autoridades ante la profanación de símbolos o espacios religiosos en nuestro país. Acabamos de vivir los días en que casi toda España participa de unas expresiones únicas de religiosidad popular, la Semana Santa. Por cierto, me llamó la atención que la Junta de Andalucía la promociona con un spot en televisión cuyo lema (Semana de Pasión. Apasiónate) es un nada disimulado intento de secularización de esos ritos, un intento de convertirlos en mero folclore. sin renunciar a los pingües ingresos turísticos que proporciona.

Pero es verdad que la pervivencia de estas manifestaciones coexiste con una creciente indiferencia religiosa que no ha parado de crecer en las cuatro últimas décadas. Según los datos del CIS, aunque casi tres de cada cuatro españoles se definen como católicos, apenas el 18% de ellos mantienen una práctica religiosa «preceptiva». Igualmente se ha debilitado sobremanera el papel de prescripción moral de la Iglesia, incluso entre quienes mantienen un cierto grado de práctica religiosa.

Ahora bien, no es menos cierto que hay dos momentos en los que los españoles se retratan con la Iglesia en términos mucho más positivos. Uno es cuando deciden si sus hijos reciben o no enseñanza religiosa: el 71% de los alumnos desde Educación Infantil a Bachillerato la reciben. Otro es el de rellenar la casilla correspondiente del IRPF: más de un tercio de los declarantes por ese impuesto marca la asignación a la Iglesia Católica.

En este cuadro, no se entiende lo que se persigue con la ofensiva sedicentemente laicista -en rigor, simplemente anticatólica- en curso, que podría resumir un artículo reciente de Gregorio Peces Barba en que abogaba por la inmediata supresión de la enseñanza de la religión y la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Todo ello en nombre de una laicidad que se define, ni más ni menos, que como «objetivo de la democracia en España». Pinta Peces Barba a una Iglesia desleal, amenazadora, arrogante con el poder civil e insaciable en sus demandas. Sin duda, la Iglesia española habrá cometido errores, pero no creo precisamente que la arrogancia o la deslealtad estén entre ellos. Si algo la ha caracterizado en los últimos años ha sido una actitud discreta y cooperadora con los Gobiernos de distinto signo: con todos ha tenido roces y con todos ha sabido entenderse. Por tanto, ¿a qué viene ahora este intento de convertir a la religión en campo de batalla político?